El desborde de las pasiones….
Álvaro Aragón Ayala
La declaratoria de procedencia o proceso de desafuero contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, desató los demonios mediáticos. Hay de hecho, ya, una contaminación informativa que impide a la sociedad valorar con certeza política y jurídica la petición de retiro de la inmunidad procesal del munícipe. Unos, mediante Facebook falsos o en las plataformas digitales tradicionales, rehenes de su ignorancia, pronostican la caída esta misma semana del jefe del ejecutivo municipal. Otros sostienen su inocencia y lo ubican en el centro de una vendetta política.
La causa es contagiada por aquellos que al borde de la locura tienen interés de promover en las redes sociales la destitución del presidente municipal y, por otros, muy endemoniados, que tratan de sacar provecho de la coyuntura involucrando al gobernador Rubén Rocha Moya en el juicio de desafuero. A Gerardo se le criminaliza y se le inventa incluso, ya, nexos con los poderes fácticos. Al mandatario estatal se le sataniza y acusa de que pretende quitarle el cargo a Vargas Landeros, y construyen escenarios novelescos en cuya trama el gobernador aparece como el malo de la película.
En medio del cruce de ataques mediáticos, prevalece la serenidad del alcalde Gerardo Vargas, quien dijo confiar en su inocencia y en las instancias de procuración de justicia, demostrando, a la vez, respeto al gobernador. Se mantiene la versión de Rubén Rocha, quien, con precisión, expresó que el proceso de desafuero no es de su competencia, sino de las instancias involucradas que gozan de autonomía: la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Legislativo de Sinaloa.
Contra quienes proyectan elevar la calentura mediática vaticinando un mecanismo fast track para destituir al alcalde, todavía falta que se le comprueben los delitos que se le imputan y que él presente la documentación que pudiera comprobar su inocencia. O sea que todavía no está definido si es factible legalmente o no la declaratoria de procedencia o el juicio de desafuero. No será destituido, pues, esta semana. Gerardo Vargas tiene a salvo sus derechos constitucionales. Uno de ellos, el de la presunción de inocencia. La Comisión Instructora tiene un plazo de 30 días para emitir su dictamen.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, aclaró que los legisladores no han entrado en la discusión sobre quien podría sustituir al presidente de Ahome en caso de concretarse el desafuero y expuso que se ajustarán al debido proceso. “El Poder Legislativo solo remueve la inmunidad para que los servidores públicos sean juzgados y se puedan defender en un proceso penal”, dijo.
Informó que existe un límite de 30 días para dictaminar y plazos para la comparecencia de Gerardo Vargas ante la Comisión Instructora del Congreso Local, sin embargo, dijo, que el Código de Procedimientos Civiles entra de manera supletoria, estimando que sea convocado en las próximas 48 horas. No explicó el por qué un procedimiento que se le da cause por la vía penal y legislativa, tenga que ajustarse a los tiempos del Código Civil.
La diputada también aclaró que el Congreso no actúa como juez ni como parte acusadora en este proceso, sino como un intermediario que habilita a la autoridad judicial a procesar penalmente a un servidor público, garantizando el respeto al debido proceso, y explicó que la sesión programada para este jueves a las 20:00 horas será clave, ya que ahí se discutirá el dictamen de procedencia, donde el alcalde podrá o no hacer uso de su derecho a defenderse.
La legisladora de Morena reconoció que el tema tiene tintes políticos, como sucede en la mayoría de los casos que involucran a figuras públicas, pero aseguró que, como presidenta de la JUCOPO, su actuar se basa en la legalidad y no en consideraciones personales o partidistas.
