El “famoso” juez federal. Niños, víctimas coyunturales. Las encuestas de hoy no servirán en el 2027

Álvaro Aragón Ayala

¿Cómo tratar a los niños sicarios? Los legisladores federales y locales y a las instancias del gobierno federal han dado sobradas demostraciones de que no les interesa atender el tema de los jóvenes que, en la coyuntura sociocultural, impactados y arrastrados por la violencia, penetran al narcotráfico con el estatus de gatilleros o ejecutores.

Cierto. Ayer una noticia corrió como reguero de pólvora por Sinaloa y México: El Ejército Mexicano detuvo en Culiacán a un niño de 14 años de edad en plenas faenas de sicariato. Junto a él se capturó a otro joven de 17 años y uno más de 26. No han sido las únicas aprehensiones de menores de edad que ha realizado la SEDENA, la Marina o la Guardia Nacional.

Es imposible, pues, perder de vista que, independientemente de que hayan cometido algún delito, los niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada son víctimas coyunturales. El Estado Mexicano les ha fallado porque no les ha garantizado sus derechos. Los niños son contratados y adiestrados como sicarios en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son “normalizadas” por el gobierno.

La mayoría de los menores de edad detenidos por narcodelincuencia son huérfanos, hijos de padres que han caído abatidos por la guerra entre los grupos civiles armados o en enfrentamientos con las fuerzas armadas del país. A ese factor, abonan al reclutamiento, libre o forzado, la pobreza y marginalidad de muchas familias que viven en zonas violentas, la deserción escolar, la falta de empleo y la baja provisión de servicios por parte del Estado.

Van a seguir deteniendo a narcojóvenes o van continuar muriendo, acribillados, en fuego cruzado o en ajusticiamientos. Y no hay quien alce la voz en Sinaloa: la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es casi nula. El Estado está muy alejado de este sector de la población. Urge crear un marco jurídico y penal para juzgar como víctimas coyunturales a los menores que hayan cometido algún delito relacionado con el narcotráfico.

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En el norte de Sinaloa, el Juez de Distrito, José Francisco Pérez Mier, quien intenta, que en las elecciones judiciales del primero de junio la ciudadanía le otorgue el voto para asumirse otra vez como Juez, en una especie de ratificación, enfrenta el repudio de colectivos sociales que lo consideran enemigo de la Cuarta Transformación y de los verdaderos intereses del pueblo.

A Pérez Mier le salió a flote un trinquete que dimensiona la negatividad en su función como juzgador, pues olímpicamente otorgó sendos amparos federales a las empresas Multigranos de Los Mochis y a la Almacenadora Mercader SA, legalizando el no pago de las cosechas de maíz y trigo a productores agrícolas que les entregaron miles de toneladas de estos granos a ambas compañías.

En su accionar como juez, también se reveló como enemigo de la autonomía universitaria, pues mientras todos los jueces de distrito de Sinaloa y los tribunales colegiados concedieron una batería de amparos a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa contra el clausulado lesivo de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y la reforma a Ley Orgánica, Pérez Mier se negó a proteger a la Casa Rosalina y le dio la espalda.

El Juez federal también ha sido acusado de conceder amparos para allanar la construcción de la planta de amoniaco, allá en las cercanías de Topolobampo, en perjuicio de las comunidades indígenas que han presentado estudios del daño al medio ambiente que ocasionaría el funcionamiento de esa industria. Las familias de Topolobampo rechazan también el proyecto argumentando que una fuga de “gas” en la industria desaparecería de la faz de la tierra a los pobladores de ese puerto.

Una investigación arrojó que en más de veintena amparos otorgados por José Francisco Pérez Mier, que amenaza con perpetuarse en el cargo con el respaldo del “voto popular”, priva el favorecimiento a personas ligada al Poder Político y Económico. En efecto, aunque su responsabilidad incluye la protección de los derechos individuales, interpretar la ley y la Constitución, emitir sentencias que se ajusten a la legalidad y resolver juicios de amparo indirectos, algunas de sus resoluciones se han ajustado a caprichos, pedidos o intereses personales.

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El valor de las encuestas mercantiles o comerciales difundidas hoy para “promover” o candidatear personajes que aspiren a gobernar Sinaloa se ubican en el plano cero. Carecen de peso específico y de influencia psico-electoral, porque el proceso para el destape de los y las candidatos se desarrollará hasta el 2027. El tiempo político se irá midiendo de acuerdo a las coyunturas críticas que hay que salvar para llegar vivo o con la categoría de aceptable para participar en la justa electoral gubernamental.

Los analistas con un alto grado de credibilidad saben que los sondeos de opinión de hoy no tendrán ninguna importancia en el 2027, motivo por el cual no las toman en cuenta y centran su vigilancia y sus diagnósticos, para ir perfilando a quienes tienen o no posibilidad de ocupar las candidaturas de los partidos políticos, en la capacidad que tienen los aspirantes para tramar o cuadrar alianzas y armar estructuras políticas.

Es verdad: hasta el momento no se ha inventado otro método científico para explorar de manera cuantitativa (masiva) la decisión electoral de las personas, pero hay que ser precisos: ninguna de las encuestas del 2025 y del 2026 alcanzará para medir o “influir” en la designación de los candidatos. Las que si tendrán valor serán las del 2027, y más las que realicen de manera directa las dirigencias nacionales de los partidos políticos.

En estos días, hay encuestadoras de tres tipos: Las que aparecen como aventureras y nada saben de la técnica de encuestar; no dan información real. Estas se dan vuelo promocionándose de que “siempre han sido certeras” en sus prospecciones. Hay bobos que caen en sus redes.

Las que tienen interés económico y divulgan que ganará el candidato que las contrató; son poco serias y éticamente cuestionables, y las serias que entregan resultados apegados a lo que encontraron en la realidad en la aplicación de la encuesta. Y también las encuestadoras serias fallan

El extinto filosofo judío Sygmunt Bauman describió que “vivimos en una sociedad líquida”. En este mundo líquido todo cambia, pues, en segundos. Nada es permanente y todo es desechable. Las personas cambian de repente de gusto musical, los jóvenes cambian de relaciones sentimentales y de simpatía por un candidato, varias veces en el mismo día. Entonces, la encuesta que se llevó a cabo hoy, mañana ya no sirve para nada.