Más pueblo, mejor justicia
Guillermo Sesma
En México, durante décadas, el Poder Judicial ha sido uno de los espacios más cerrados no solo para el aparato estatal, sino para la sociedad en general. Su integración, lejos de responder a una lógica democrática o meritocrática, ha estado determinada por acuerdos políticos en la cúpula y criterios poco transparentes. Por eso, la propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros no solo es legítima, sino necesaria. Se trata de una medida que puede abrir la puerta a una justicia verdaderamente al servicio del pueblo.
Aunque esta idea ha provocado resistencias, es momento de dejar atrás el elitismo judicial y apostar por un sistema que, por primera vez, coloque a la ciudadanía en el centro de la impartición de justicia. Si el pueblo es el soberano, ¿por qué no habría de intervenir en la designación de quienes tienen en sus manos las decisiones más importantes sobre sus derechos?
Hoy, la forma en que se elige a los integrantes del Poder Judicial, tanto federal como local, está marcada por la discrecionalidad. Los ministros de la Suprema Corte son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, en un proceso que, en la práctica, responde más a equilibrios partidistas que a evaluaciones técnicas o éticas. Algo similar ocurre con magistrados y jueces, cuya carrera judicial se desarrolla muchas veces al amparo de redes internas y sin un verdadero escrutinio público.
Este sistema ha generado una distancia creciente entre el Poder Judicial y la sociedad. El ciudadano común no sabe quién es su juez, qué piensa, qué ha resuelto, ni mucho menos cómo fue designado. Esta falta de conexión ha alimentado la percepción de que la justicia en México no es imparcial ni accesible, sino un privilegio reservado para quienes tienen poder o dinero.
Frente a esta realidad, abrir las puertas a la elección popular no es una amenaza, es una oportunidad histórica para devolverle al pueblo el control sobre una institución clave para el funcionamiento democrático.
Una de las críticas más frecuentes a la propuesta de elección popular es que “politiza” la justicia. Pero esta afirmación parte de un supuesto ingenuo: que actualmente el Poder Judicial no está politizado. La realidad muestra lo contrario. El nombramiento de ministros, por ejemplo, ha estado lleno de cuotas partidistas y pactos entre élites. La diferencia es que, en lugar de una politización abierta y pública, vivimos una politización oculta, discrecional y elitista.
Elegir jueces y ministros por voto popular no elimina los riesgos de presión política, pero sí traslada el poder de decisión desde las cúpulas hacia la ciudadanía. Y eso, en sí mismo, representa un avance. En una democracia, el pueblo tiene derecho no solo a elegir a sus representantes legislativos y ejecutivos, sino también a tener voz en quiénes interpretan y aplican las leyes.
La elección popular permitiría introducir una lógica de rendición de cuentas: quienes aspiren a un cargo judicial deberán explicar sus posturas, su visión del derecho, sus antecedentes y su compromiso con la justicia social.
Elegir a los jueces no es un capricho ni una ocurrencia. Es una respuesta legítima a un sistema que ha fallado en garantizar justicia equitativa y en construir confianza ciudadana.
La elección de personas juzgadoras ha generado una amplia expectativa, todos sabemos sobre la complejidad de votar, las numerosas boletas que hay que marcar y lo atropellado que ha sido el proceso, sin embargo, no existe otra manera de afinar estos detalles. Esta primera elección judicial no será perfecta, pero si será la primera de muchas que esperamos que sean más ágiles y estructuradas.
Con información de La Silla Rota
