¡Atentado! Juez por consigna destituye al Rector de la UAS. La remoción es ilegal

Álvaro Aragón Ayala

En un abierto y grotesco atentado a la autonomía universitaria y con base en un montaje legaloide creado por el gobernador Rubén Rocha Moya y puesto marcha desde Palacio de Gobierno por la Fiscalía General de Justicia en contubernio con el Supremo Tribunal de Justicia, el Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, ordenó la destitución del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con una infamia procesal que violenta sus derechos humanos y su presunción de inocencia. De inmediato, Jesús Madueña Molina buscará la protección de la justicia federal para ser restituido en su posición directiva.

En efecto. Porque se trasgredieron sus derechos y otra vez violaron el debido proceso, la Constitución, la Ley General de Educación Superior y la Ley Orgánica de la UAS, Madueña Molina, acudirá ante los Tribunales Federales para, por medio de un amparo, lograr que se le reinstale en la Rectoría. De acuerdo a la ley, es el Consejo Universitario el único facultado para removerlo del cargo. Los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados ya ampararon al Rector por dos demandas, cuya narrativa y pruebas falsas fueron tomadas como ciertas por el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, para vincularlo a proceso.

La destitución del Rector mediante un mecanismo a todas luces fuera de la ley, forma parte del plan de venganza del gobernador de Sinaloa ensoberbecido por el poder y encolerizado porque Jesús Madueña Molina y la comunidad universitaria le rechazaron su Ley Estatal de Educación Superior, violatoria a la autonomía universitaria. Rubén Rocha Moya piensa que tumbando al Rector podría generar la coyuntura para apropiarse de la UAS. La obligada separación del cargo del Rector es ilegal. Muy burda. Constituye una aberración jurídica y un atropello flagrante a la autonomía universitaria.

El Rector fue destituido mediante una celada jurídica orquestada por el gobernador Rubén Rocha Moya y operada por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Jesús Iván Rangel Chávez, la Fiscal Sara Bruna Quiñonez, y el Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, quienes manipulando la ley revocaron la medida preventiva dictadas contra Jesús Madueña Molina que consistía en no salir del país para cambiársela por la remoción de su posición de Rector sin que mediara argumento jurídico válido para tomar esa determinación.

La emboscada judicial y la fabricación de demandas penales contra el Rector y funcionarios uaseños tiene su origen en el enojo de Rubén Rocha Moya porque la comunidad universitaria le rechazó la Ley de Educación Superior del Estado con la que tenía (y tiene) planeado tomar por asalto a la Casa Rosalina, apoyándose en los diputados de Morena del Congreso Local y en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, como órgano que “administraría” las finanzas de la institución. El gobernador es repudiado por los universitarios.

Es el propio mandatario estatal quien está al frente del armado y desarrollo del proceso de criminalización y linchamiento público de los funcionarios de la UAS amparándose en la fabricación de falsedades, en escándalos mediáticos, para justificar la instalación de querellas armadas con “recortes de periódicos”. Para la destitución ilegal del Rector Jesús Madueña, por indicaciones del gobernador el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Rangel, usó a otro Juez de Control, a Carlos Alberto Herrera, con consigna para actuar contra los funcionarios de la Universidad.

Muy cierto. Rubén Rocha y el presidente del STJ, Jesús Iván Rangel, optaron por la utilización de otro Juez para destituir al Rector dado que Adán Alberto Salazar Gastélum, quien lo vinculó en dos ocasiones a proceso y le fijó las medidas cautelares, no se ajusta a las exigencias que la ley plantea para desempeñarse como Juez de Control legítimo ya que ejerció simultáneamente las tareas de funcionario del Supremo Tribunal de Justicia y ministro de culto religioso, en flagrante violación a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

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