Algunas preguntas de cara a la elección judicial
Joaquín Narro Lobo
El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo la elección judicial en la que se renovará la totalidad de los espacios de personas juzgadoras en el país. Tan solo a nivel federal, ese día se definirán los nombres de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 más de cada una de las cinco Salas Regionales, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito. En total, 881 cargos. A ello, por supuesto, hay que sumar los cargos a nivel local. En la Ciudad de México, por ejemplo, las y los electores elegirán a 137 personas juzgadoras del ámbito local, de las cuales 98 corresponden a juezas y jueces, 34 a magistrados y magistradas y cinco al Tribunal de Disciplina Judicial. Quienes decidan acudir a los centros de votación que el Instituto Nacional Electoral instalará, y que en la mayoría de los casos se colocarán en ubicaciones distintas a las que se utilizan para las casillas de votación en las elecciones legislativas y ejecutivas, recibirán nueve boletas de distintos colores, esto es tres más de las que se reciben en procesos electorales presidenciales.
Con la complejidad logística que implica un ejercicio de participación ciudadana como el que hemos descrito, amén de aspectos como la conveniencia de someter al sufragio la definición de quienes habrán de interpretar normas jurídicas e impartir justicia o el riesgo que esto puede implicar para la independencia judicial y por lo tanto para la división del Poder, surgen algunas preguntas que sería interesante plantearnos para los días por venir.
¿Cuántos millones de votantes serán suficientes para legitimar la elección? Al 10 de abril de 2025, la Lista Nominal superaba los 100 millones de electores con credencial para votar vigente. De acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, ella considera que alcanzar cinco millones de votos es suficiente para legitimar la elección. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, fuentes en Morena estiman que serán entre 15 y 17 millones de electores. ¿Una cifra mínima del cinco por ciento de participación o la estimación más optimista del 17 por ciento bastarán para legitimar un ejercicio tan costoso no solo en lo económico, sino en lo democrático?
¿Qué sucederá si alguno de los candidatos señalados por tener vínculos con la delincuencia organizada gana la elección y se convierte en juez o magistrado? En múltiples espacios y desde todas las trincheras se ha señalado que en las boletas están los nombres de cuando menos tres decenas de personajes vinculados con la delincuencia organizada. Se ha dicho que se trata de personajes con pocas posibilidades de alcanzar el triunfo, pero esto no necesariamente es así. Ya convertidos en candidatos, sería ingenuo pensar que los grupos del crimen no buscarán incidir para que logren el triunfo. ¿Algunos jueces y magistrados abiertamente vinculados a la delincuencia juzgarán denuncias y demandas y emitirán sentencias condenatorias o absolutorias?
¿Cuál será la actitud que asuman gobiernos extranjeros, como los de América del Norte o Europa, así como los capitales internacionales y la inversión extranjera, una vez que se consume la renovación del Poder Judicial? Para los gobiernos extranjeros con los que México tiene una relación estrecha la certeza de imparcialidad judicial es fundamental para incentivar que los capitales de sus países inviertan en nuestro país. ¿Es posible pensar que estos gobiernos, las empresas trasnacionales y los capitales extranjeros tengan confianza para invertir en México cuando el Poder Judicial tendrá una conformación que responda más a cuestiones políticas o ideológicas que a formación académica y criterio profesional?
¿Cómo reaccionarán el gobierno, las autoridades electorales, los medios de comunicación, los partidos políticos de oposición, las y los candidatos derrotados, entre otros, cuando aparezcan muestras fehacientes de fraude o alteración de resultados? A diferencia de elecciones como las legislativas o la presidencial, en la judicial los votos nos serán contados por ciudadanos y procedimientos tan elementales como la cancelación de boletas no utilizadas no se llevarán a cabo. ¿Qué actitud asumirán los actores involucrados en el proceso cuando a través de redes sociales nos enteremos de una cantidad innumerable de actos que en otras condiciones serían considerados como causales para la anulación de las casillas?
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
Con información de La Crónica
