Desaparecer las desapariciones

Jaime Guerrero Vázquez

Esta semana el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU dio a conocer un informe que menciona, entre otros, el caso de México. Este documento tiene una gran importancia porque refleja el estado actual de los desaparecidos y el cómo ha abordado este asunto el gobierno federal. También es una fotografía de cómo nos ve el mundo. Como se sabe, en nuestro país existe la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD), una institución que ha incomodado al presidente López desde hace meses, tal vez años.

Por un lado, el mandatario presume casi a diario una política de respeto a los derechos humanos y el éxito de su estrategia de seguridad sintetizada en “abrazos, no balazos”; por otro lado, el último informe de la Comisión de Búsqueda, antes de la salida de Karla Quintana, señaló 110 mil desaparecidos desde los años 60, un tercio de esa cifra corresponde a personas que han desaparecido en este sexenio. La realidad, nuevamente, es intolerable para el mandatario. Por cierto, estos datos fueron avalados por instancias internacionales y nacionales.

AMLO rechazó estas cifras y propuso crear un nuevo censo. Esa maniobra huele mucho a una tentativa de imponer sus “otros datos” para disimular su fracaso (otro) en cuanto a la protección de personas. Hay que decir que el aumento en las desapariciones muy probablemente está relacionado con la aparente reducción de los homicidios. La delincuencia organizada ya no solo asesina a las personas, sino que las desaparece por razones legales ya que sin cuerpos no hay acusaciones de homicidio. La identificación de los restos de decenas de miles de personas va tan atrasada que los criminales pueden dormir tranquilos.

Regresando al informe de la ONU acerca de las desapariciones, luego de cumplir el protocolo diplomático de agradecer las reuniones y la información que el Estado parte (gobierno de México) proporcionó, El Comité entra en materia y señala “…la persistencia de una situación generalizada de desapariciones…” en nuestro país. Las desapariciones de personas deberían ser un tema central en las conversaciones públicas. El hecho de que no lo sean revela una indiferencia social enorme. Hay que preguntarse por qué no son relevantes.

La desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se convirtió en un escándalo mundial por la confluencia de una serie de factores, pero de septiembre de 2014 a la fecha se han sumado miles de personas más a esta infeliz estadística y la mayoría no ha tenido resonancia. Tal vez esto se deba a que se trata de personas de bajos recursos o que no tienen relaciones con gobiernos y partidos. Cada vez que un medio difunde una o varias desapariciones y les da seguimiento, se ayuda a todos los que están ausentes y a sus familiares que los buscan. Es un paso más para evitar el olvido o la intrascendencia.

En cuanto al marco legal, el Comité de la ONU subraya su preocupación por el retraso en la aprobación del Reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General) y del Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda. En este camino, propone consultas sustantivas con los familiares de las personas desaparecidas y la sociedad civil en el proceso de elaboración.

En México existen todavía leyes aprobadas y vigentes que no se pueden aplicar por falta de reglamentación adecuada, lo que en los hechos las deja sin un valor real. El Comité de la ONU llama a que se aprueben estos reglamentos faltantes y promover que las leyes locales se adecúen al marco federal.

Sería muy largo enlistar aquí la serie de observaciones, faltantes y recomendaciones que hace el Comité de la ONU acerca de la política seguida por el actual gobierno en materia de desapariciones. Se puede resumir todo él en unas cuantas palabras: indiferencia, demagogia y revictimización.

Además de todas las carencias del Estado mexicano en cuanto a desapariciones, tal vez la más grave es la falta de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de Desapariciones. Sin ella, las ausencias se irán acumulando y las madres y padres seguirán en esta tarea casi solos.