Desaparecer a los desaparecidos: un gobierno cruel y cobarde
Jacques Coste
La semana pasada, el gobierno federal anunció que hizo un nuevo “censo” de personas desaparecidas y “cruzó los datos” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con los de otras instituciones, como el IMSS y el ISSSTE. El resultado de este ejercicio es que, de un plumazo, aparecieron decenas de miles de personas y se borraron otros miles de registros de desapariciones.
Así, como por arte de magia, el gobierno solucionó la crisis de las personas desaparecidas en México y, de un momento a otro, este sexenio pasó de ser el peor en términos de desapariciones a convertirse en el mejor: de más de 110,000 personas desaparecidas reconocidas oficialmente pasamos a 12,000.
AMLO defiende censo de personas desaparecidas: “No borramos a nadie” El presidente López Obrador afirmó que el censo que hizo su gobierno sobre personas desaparecidas en México no oculta datos y adelantó que se actualizará bimestralmente.
Por supuesto, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de víctimas desconocieron este ejercicio, pues el censo fue totalmente opaco y se realizó sin el consentimiento ni el acompañamiento de los colectivos. En otras palabras, sólo el gobierno sabe las condiciones, la metodología y los alcances del censo que realizó.
Los colectivos también advirtieron que el discurso del presidente López Obrador criminaliza a las víctimas de desaparición y advirtieron que es falso que el gobierno cuente con información para hallar a 26,000 personas más. Asimismo, sostuvieron que las autoridades federales y estatales están abdicando a su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y evitar que se perpetren más crímenes de este tipo.
Lo que está haciendo este gobierno es lo más vil y cruel: no sólo está dejando a su suerte a las víctimas, sino que las está traicionando. Y se trata de una traición a las personas que más han sufrido y a las que el Estado les debe más.
Digo que se trata de una traición porque en 2018 López Obrador lucró con el dolor de las familias y prometió solucionar la crisis de violencia, desapariciones y muerte que vive el país. También prometió resolver casos emblemáticos de desapariciones, como el de Ayotzinapa. El inicio de este sexenio representó un avance importante, pues por primera vez el gobierno reconoció la existencia de la crisis y nombró a Karla Quintana como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El penoso estado de los derechos humanos en México Durante este gobierno ocurrió algo muy grave: los avances institucionales se detuvieron, pero los retrocesos materiales continuaron e incluso se acentuaron.
Quintana realizó un trabajo destacado y la Comisión logró elaborar un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que brindaba una aproximación cuantitativa a la dimensión de la crisis. Colectivos de víctimas y diversos especialistas declararon que el Registro tenía problemas y advirtieron que el número de personas desaparecidas es probablemente mayor, tomando en cuenta la cantidad de fosas clandestinas que se encuentran cada mes y considerando que es imposible contabilizar en tiempo real las desapariciones perpetradas por el crimen organizado. No obstante, al menos había un reconocimiento oficial de la gravedad de la crisis.
Hoy, el gobierno traicionó a las víctimas. López Obrador lucró políticamente con el dolor y se benefició de la indignación y la desesperación de la gente; pero, a la hora de la verdad, el ego político y la necesidad de sostener el discurso oficial pesaron más que el compromiso con la verdad y la justicia.
López Obrador optó por desaparecer el problema de un plumazo. Si el presidente dice que no existen las personas desaparecidas, entonces dejan de existir. Si el mandatario dice que Karla Quintana es una conspiradora de derecha que quiere tumbar a su gobierno, entonces el registro de personas desaparecidas pierde toda legitimidad. Si López Obrador dice que no hay 110,000 personas desaparecidas, entonces hay que creerle a pie juntillas.
Así es como soluciona los problemas este gobierno: negándolos y creando una realidad retórica paralela: un país donde ya no hay desaparecidos, ni violencia, ni masacres… Pero este modo de operar no sólo es irresponsable, sino cobarde. Los gobiernos anteriores mostraron indolencia al cerrar los ojos ante la crisis de las desapariciones; este gobierno mostró cobardía y crueldad al abrir los ojos frente a este problema, para luego darle la espalda y tratar de convencer a todo México de que en realidad no existe.
Modelo CDMX sobre desaparecidos, la metodología que genera polémica Las familias de víctimas rechazan el nuevo censo dado a conocer por el gobierno federal, pues aseguran que el método sólo tiene el objetivo disminuir cifras de desaparecidos, no de encontrar personas.
Al desaparecer por segunda vez a las personas desaparecidas, López Obrador está negándoles el derecho a que su ausencia siquiera esté reconocida en los registros oficiales y, con ello, está agravando el dolor de las familias.
Pocas personas pueden experimentar tanto dolor como la madre, el hermano, la abuela, el padre o la pareja de una persona desaparecida. Al enojo y la tristeza que provoca la muerte se unen la impotencia, la incertidumbre y el desasosiego que produce la desaparición. Hoy el gobierno de López Obrador logró lo imposible: agravar el dolor y la indignación de las personas que más sufren en México.
