Nuevos acuerdos contra migrantes. Estados Unidos y México

Tonatiuh Guillén López*

Durante las últimas semanas del año 2023, desde varios puntos en los Estados Unidos han surgido fuertes señalamientos sobre una crisis migratoria sin precedentes, debido al elevado número de personas que arriban a la frontera sur de este país solicitando asilo. Así lo han referido el gobierno de J. Biden, el Congreso federal, los gobiernos estatales y numerosos actores sociales.

Ahora bien, no son nuevas las referencias a una ¨crisis migratoria¨, pues por lo menos desde el año 2015 ha sido un tema político central y asunto decisivo del debate electoral en los Estados Unidos. Pero al tema conviene considerarlo con sus estadísticas. Hace ocho años, las aprehensiones de extranjeros por la policía fronteriza ascendieron a 337 mil. No obstante, Donald Trump, entonces aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, tenía como bandera de su propaganda crudos mensajes antiinmigrantes y racistas -que descubrió muy exitosos- y desde entonces el argumento fue reiterado, con independencia de reducidos o grandes números en la movilidad migrante.

Es decir, primero han sido determinantes la ideología antiinmigrante, su intensidad y los usos políticos; no la movilidad humana en sí misma. Las ¨crisis migrantes¨ son fundamentalmente asuntos de naturaleza política.

En el año 2000, por ejemplo, las detenciones de extranjeros por la policía fronteriza de Estados Unidos alcanzaron la cantidad de 1.67 millones, es decir, varias veces más que en el 2015. Casi en su totalidad, mexicanos. No estaba entonces en el escenario electoral –no de manera dominante– la cuestión migratoria y de refugio; para nada tenía la centralidad actual. Vale insistir, son la política y sus vericuetos los responsables de posicionar como cuestión electoral a las poblaciones en movilidad irregular.

Lo anterior no implica desconocer la gravedad de la movilidad humana actualmente en curso, que con mayor propiedad debiera definirse como una crisis de refugio. El perfil social de las poblaciones en movimiento es distinto, comparado con el de hace pocos años. De los determinantes laborales o de reunificación familiar, como era el mapa previo, pasamos a los determinantes de drástica expulsión, de fuerza, de tener que huir de los lugares de origen para proteger la vida personal, de familias y de comunidades. No es solamente la pobreza la causa de la movilidad, como mecánicamente se argumenta. Se trata ahora de deterioros sociales de otras características, como las violencias, inseguridad, incapacidades institucionales, intolerancias políticas, severas condiciones económicas y crisis ambientales, entre otros.

Si la movilidad actual es de refugio, el diagnóstico, marco legal y las políticas correspondientes deben ser las relacionadas con la protección. Subrayado, protección y no devolución. Si los gobiernos optan por la contención, detención y repatriación, como están ahora acordando los Estados Unidos y México, el resultado será la masiva violación de derechos, injustificada por completo. En el caso mexicano, la Constitución Política, los convenios internacionales y la legislación sobre refugiados es la que debiera aplicarse de manera preponderante, lo cual estamos lejos de hacer.

La coyuntura política en Estados Unidos y el contexto internacional están orillando al gobierno de Biden a optar por el severo camino de la contención, como alternativa prioritaria. En cuanto asunto político, el arribo de grandes números de refugiados y migrantes a Estados Unidos se ha convertido en factor de alto riesgo electoral para el Partido Demócrata. Adicionalmente, los liderazgos del Partido Republicano han condicionado los apoyos financieros para Ucrania e Israel a la implementación de fuertes medidas de contención migratoria en la frontera con México.

De esta manera, como lo hace siempre, la política y sus contornos marcan el destino para miles y miles de personas refugiadas y migrantes. El gobierno de Estados Unidos necesita reducir el número de arribos; el gobierno de México, como ha hecho últimamente, se alinea con esa necesidad prácticamente sin restricciones. El escenario apunta entonces hacia fortalecidas medidas de contención que seguramente no serán distintas a las promovidas por la administración de Trump. Por ejemplo, retornar inmediatamente a México a las personas solicitantes de refugio; y además utilizar a las fuerzas armadas mexicanas como aparato de físico de disuasión y freno.

Durante las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos fue preparando el escenario público, reduciendo o cancelando temporalmente los flujos fronterizos en puertos de California, Arizona y Texas. El argumento fue que el arribo masivo de migrantes les obligaba a dedicar más personal al procesamiento de solicitudes de asilo. En realidad, se trató de una medida política -también, usada antes por Trump- para presionar al gobierno mexicano y además crear un ambiente social antiinmigrante, como efectivamente está logrando. De lado mexicano, los gobiernos estatales y municipales de Sonora, Chihuahua y Coahuila, por ejemplo, están apoyando con entusiasmo nuevas medidas de contención. El gobierno de AMLO, por su lado, ha expresado su disposición a ¨ayudar¨.

En estos días conoceremos los nuevos acuerdos entre Estados Unidos y México dirigidos a la contención migratoria y de refugio. Como ha sucedido antes, al final son medidas ineficaces en su objetivo, debido a una cuestión central: los factores que obligan la movilidad de personas son mucho más poderosos que los riesgos del camino o los obstáculos de los gobiernos. Podrán subir los costos: económicos, en violación de derechos, en crisis humanitaria e incluso en pérdida de vidas, pero no se detiene la movilidad. Las organizaciones traficantes de personas -y su red cómplice- son las únicas que encuentran en las medidas de contención una ventaja para sus gigantescas ganancias.

Cabe agregar que el gobierno mexicano tiene la oportunidad de ayudar efectivamente en la moderación de los flujos migrantes, pero con otro tipo de medidas: si se empeñara en recuperar el estado de derecho en las regiones que hoy domina el crimen organizado.

Un tercio del total de arribos de extranjeros a la frontera de los Estados Unidos corresponde a mexicanas y mexicanos. Con un agravante: la mitad del flujo mexicano está motivado por desplazamientos forzados causados por la crisis de violencia e inseguridad que viven muchas regiones del país. Son nuestros refugiados, movilizados en grandes números. Por lo mismo, gran ayuda sería reconocer y construir una efectiva solución para nuestras muchas crisis regionales. Se reduciría la forzada migración de mexicanos hacia Estados Unidos y, mejor aún, comenzaríamos a recuperar la vida social nacional en condiciones razonables.

*Profesor, PUED/UNAM, excomisionado del INM