Exigen al gobernador de Oaxaca derogar la ley que privatiza ejidos y tierras comunales
Pedro Matías
“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”, con esa máxima de Benito Juárez, 36 comunidades indígenas y agrarias de la Sierra Norte de Oaxaca reclamaron al gobernador zapoteco Salomón Jara Cruz por pretender privatizar tierras ejidales y comunales en beneficio de megaproyectos extractivistas.
Los inconformes aglutinados en Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ) cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador porque en el discurso resaltan la figura de Benito Juárez y en los hechos lo insultan al caer en la tentación neoliberal de desaparecer la propiedad colectiva de los territorios que pertenecen históricamente a los pueblos originarios.
Consideran que Salomón Jara y su “primavera oaxaqueña” asumieron “el pensamiento neocolonial y la discriminación estructural, que evidencia una intencionalidad de privatización de nuestros territorios a favor del capital internacional y los megaproyectos extractivistas, partiendo de los 10 municipios PODEBI (Polos de Desarrollo del Bienestar) ubicados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”.
En un documento dirigido al gobernador y al Congreso de Oaxaca cuya mayoría es de Morena, les exigen que restablezcan la regularidad constitucional, por lo que a la mayor brevedad el primero presente una iniciativa de reformar la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024 y, al segundo, en virtud de la obvia y urgente resolución dispense los trámites legislativos y apruebe la iniciativa para derogar el artículo 25 de dicha ley.
De lo contrario, advirtieron que van a emprender acciones jurídicas y sociales para defenderse de esta intentona de privatización.
Mientras que a los ejidos y comunidades de otras regiones del estado que también se han manifestado en contra de esta pretensión embozada, les saludaron fraternalmente y les invitaron a unir fuerzas en esta lucha.
Los representantes legales de las 36 comunidades indígenas y agrarias que conforman la UCOSIJ, “nos vemos obligadas a bajar esta ciudad de Oaxaca de Juárez, para pronunciarnos firmemente en contra de la pretensión de incorporar a la propiedad privada los predios de los ejidos y comunidades, beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el Impuesto Predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales, a través del Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, previsto en el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2024.
“Confiábamos que el hoy gobernador por su origen serrano y su auto adscripción Bene Xhon manifestado en la campaña, su gobierno tendría más conocimiento, sensibilidad y respeto a los pueblos originarios de Oaxaca y sus comunidades, evitando la tentación neoliberal de desaparecer la propiedad colectiva de los territorios que nos pertenecen históricamente, y estableciendo un diálogo franco alejado del paternalismo, la discriminación y el autoritarismo”, puntualizaron.
Pero hace exactamente lo contrario, con “una norma fiscal, que pensamos era producto de la falta de responsabilidad de nuestras diputadas y diputados, al aprobar de manera precipitada y sin entendimiento la Ley de Ingresos del Estado. Sin embargo, la única respuesta que recibimos del gobierno fue un fuerte silencio.
Consideran que “con el afán de quedar bien con el capital a través de la Ley de Ingresos, invadió la competencia Federal al tiempo que violentó nuestros derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a nuestra diferencia cultural y, a la consulta con el estándar más alto de Consentimiento Previo, Libre, Informado, de buena fe y culturalmente adecuado y, en la práctica derogó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos en el Estado de Oaxaca, violaciones que a todas luces invalidan la norma por ser contrarias a la Constitución y al Bloque de Constitucionalidad”.
Por estas razones, emprenderán acciones jurídicas y sociales para exigir la no privatización de sus territorios, respeto a sus derechos fundamentales colectivos y derogación del artículo 25 de la ley de ingresos del estado.
