Reforma a las pensiones: éstos son los “peros” que analistas ven tras el anuncio de AMLO
Juan Carlos Cruz Vargas
En pleno año electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador pondrá sobre la mesa una reforma constitucional en materia de pensiones, con la cual los trabajadores formales podrán recibir una jubilación de 100% equivalente al salario que tenían antes de retirarse.
Aún no hay detalles de la iniciativa y será hasta febrero próximo cuando el mandatario los dé a conocer; sólo adelantó que el gobierno será el que asuma gran parte del pago de dichas pensiones, pues el sector privado ya se encuentra en un periodo de transición para las aportaciones de los trabajadores, de 6.5% a 15% entre 2023 y 2030.
Héctor Villarreal Páez, investigador del Tecnológico de Monterrey, se pregunta sobre el anuncio presidencial: “¿Con qué ojos?”, refiriéndose a la “apretada” situación de las finanzas públicas que prevalecen en el país y que tendrá que afrontar el siguiente gobierno, de prosperar la propuesta.
“Se está proyectando un déficit de 5.4% del PIB (Producto Interno Bruto), medido como requerimientos financieros. La consolidación fiscal se ve difícil… Creo que el problema real, si no arreglamos las pensiones, es este gasto público que vamos a tener en los próximos dos sexenios con un sistema fiscal muy afanado; no alcanza para educación, no te alcanza para salud, no te alcanza para seguridad pública, no te alcanza para infraestructura y la lista es muy larga”, advierte.
Profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Villarreal amplía la baraja sobre el tema y agrega: “Vamos a tener que hablar de más ahorro voluntario y, a lo mejor, a grupos específicos de la población que han quedado marginados por tal o cual razón. Ver cómo se les apoya. Por supuesto que sí, pero el problema, desde mi punto de vista, ahorita es enorme en pensiones, es que es un gasto público que estamos batallando mucho para pagar”.
Año con año las finanzas públicas destinan cada vez más gasto en pensiones, recuerda.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023, se asignó 1.7 billones de pesos para pensiones, lo que representa un incremento real de 12.8 % respecto del monto aprobado en 2022.
Esta asignación se desglosa en 1.33 billones de pesos para pensiones contributivas o destinadas a los trabajadores del sector formal, con un aumento real de 8.4 % en comparación con 2022, y 359 mil 577 millones de pesos para pensiones no contributivas, es decir, aquellas cuyo objetivo es determinado grupo social, como la Pensión para Adultos Mayores, reflejando un aumento de 32.8 % con respecto al año anterior, de acuerdo con la organización México ¿Cómo Vamos?
Mientras que para 2024 la asignación para pensiones alcanzaría la cifra de 1.99 billones de pesos. En este escenario se proyecta un crecimiento de 7.3 % para las pensiones contributivas y de 28.5 % para las no contributivas en comparación con el gasto aprobado en 2023.
En el fondo, detalla México ¿Cómo Vamos?, las pensiones contributivas se concentran principalmente en los hogares pertenecientes a los tres deciles más altos de ingresos en la población, reflejando la tendencia de empleos formales que facilitan el acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En específico, las pensiones del IMSS destinan 70% de los fondos aportados hacia 30% de la población con mayores ingresos. En contraste, la mitad de la población de menores ingresos apenas recibe 13% de estos recursos.
En cuanto a las pensiones del ISSSTE, más de 50% del gasto se dirige a 10% de la población con mayores ingresos, mientras que los cinco primeros deciles no superan 4 por ciento.
López Obrador planteó que, con la reforma corregirá lo aprobado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se creó la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se aumentaron las semanas para poder jubilarse y se crearon la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que se encargan de administrar los recursos para el retiro de los trabajadores formales.
Con esa modificación se sustituyó la ley de 1973, con la que los trabajadores podían jubilarse a los 65 años y obtener como jubilación 100% de su último salario.
El 15 de enero último, en su habitual conferencia matutina, el presidente acotó: “Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último, y no que se le reduzca a la mitad su pensión. Esto también es fruto podrido de la política neoliberal”.
Agregó: “Cuando yo haga la presentación quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de afores y la rebaja para que, quienes terminan después de 30 años de trabajo, no reciban el sueldo con el que se retiran, sino la mitad si les va bien, por eso muchos no quieren jubilarse”.
Ven retroceso en la propuesta
Para el sector patronal del país la reforma que pretende realizar López Obrador ya está en marcha y debe consolidarse antes de nuevos cambios.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las modificaciones aprobadas en 2020 fueron resultado del acuerdo tripartita entre el gobierno, empresarios y trabajadores, y permiten un mayor monto para los jubilados.
Dentro de las modificaciones se decretó que partir del 1 de enero de 2021 el requisito para tener derecho a pensión se redujo, comenzando en 750 semanas cotizadas y aumentando en 25 semanas cada año hasta alcanzar las mil semanas en 2030. Esto, en comparación con las mil 250 semanas cotizadas que eran el requisito anterior.
Además, la aportación total aumentará de 6.5% a 15%, principalmente debido al incremento gradual de la contribución de los patrones a partir de 2023, que pasa de 5.15% a 13.87% en 2030.
La Secretaría de Hacienda reconoció que durante un periodo de ocho años los patrones aumentarán en 2.7 veces su contribución al retiro de los trabajadores.
De acuerdo con la Consar, con la reforma 2020 se podrán alcanzar tasas de reemplazo alrededor de 70% (cercana a los estándares internacionales), todo ello sin incrementar la aportación del gobierno federal.
La nueva propuesta de reforma no fue bienvenida entre los expertos; por ejemplo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó que la intención del gobierno federal para lograr una pensión de 100% del salario implica regresar a un sistema de beneficio definido, lo que representa un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados.
Explicó que el sistema de beneficio definido administrado por el gobierno hasta mediados de los 90 se caracterizaba por un creciente déficit actuarial que, de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llegó a representar hasta 128.8% del PIB, incluyendo a trabajadores del IMSS y empresas del gobierno, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Sólo tratándose de los sistemas de pensiones del IMSS e ISSSTE el déficit actuarial representaba 107 % del PIB, y aun cuando estaban lejos de brindar una pensión de 100% del salario, se requería incrementar cuotas de 8.8% (promedio) a 23.3% en el caso de las aportaciones al sistema de pensiones del IMSS, lo que resultaba inviable financieramente, más aún si se pretenden pensiones de 100% del salario”, explica el análisis del IMEF.
A unas semanas de que el presidente dé los detalles de la reforma, Héctor Villarreal, quien dirigió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) expone a Proceso:
“Es una aspiración válida la idea de pagar mejores tasas de reemplazo. Ahora el gran problema es que, para que no caiga en el populismo o en un mensaje electorero, pues hay que hacer números y hay que proponer mecanismos que le den viabilidad”.
“El gasto en pensiones está haciendo estragos en el sistema fiscal, es relevante, nos está quitando espacio de muchos otros rubros de política pública que son urgentes”, concluye.
