La pobreza en México
Juan Eduardo Martínez Leyva
Si algo se ha hecho bien en México es contar con instrumentos institucionales y técnicamente sólidos para medir la pobreza. Lo anterior es resultado del acuerdo de todas las fuerzas políticas y la valiosa participación de la academia, que contribuyó a desarrollar una metodología robusta para tal efecto. Esta afirmación se encuentra en el ensayo que elaboró Gonzalo Hernández Licona, para el libro colectivo, coordinado por Ricardo Becerra, presidente del IETD, y publicado por editorial Grano de sal, que lleva por título: El daño está hecho. Balance y Políticas para la reconstrucción.
Hernández Licona es director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford y durante catorce años fue secretario ejecutivo del Coneval, la institución responsable para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social.
En este libro, de muy reciente publicación, el especialista ofrece una evaluación cuantitativa de lo que ha pasado con la pobreza en México, y nos plantea una visión de los retos que se tienen en el largo plazo.
En la determinación de la pobreza, la metodología no sólo identifica la falta de ingreso de los hogares, se miden también otras seis dimensiones que tienen que ver con: las carencias en el acceso a los servicios de salud; educación; seguridad social; calidad y espacio de la vivienda; servicios básicos en la propia vivienda; y, alimentación.
En la clasificación de las personas en situación de pobreza multidimensional existen dos categorías: a) la pobreza y b) la pobreza extrema. En el caso de la pobreza, se trata de personas en las que su ingreso es menor al indispensable para adquirir la canasta básica y además reportan tener una o más carencias en el acceso de los otros satisfactores señalados en el párrafo anterior. Por otro lado, se dice que se está en pobreza extrema cuando el ingreso es menor al costo de la canasta alimentaria y se tienen tres o más carencias sociales.
¿Cómo ha sido el comportamiento de los indicadores de pobreza durante la presente administración?
Los resultados son mixtos y preocupantes. Veamos.
La población en pobreza disminuyó entre 2018 y 2022 en 5.1 millones de personas. Lo anterior se debió a tres factores:
1) Al aumento del salario mínimo que ayudó a mejorar el salario promedio de todos los trabajadores. El ingreso por el trabajo subió el 2.1% por hogar y contribuyó con una tercera parte del incremento del ingreso total de los hogares.
2) Al aumento de las transferencias en efectivo del gobierno a las familias. El apoyo de los programas sociales creció en 100.9%, y ello explica casi dos terceras partes del incremento que registraron los hogares en su ingreso total.
3) Al empleo informal. De los cinco millones de empleos demandados del 2018 al 2022, tres millones los ocupó la informalidad y sólo 1.2 millones la formalidad. El mercado laboral dejó sin poder darle trabajo a 800 mil personas. Por cada tres puestos que se crearon en la informalidad se abrió apenas uno en la formalidad.
Por otra parte, los mexicanos en pobreza extrema fueron 400 mil más en 2022, de los que había en 2018. Si se disecciona un poco más la información, los resultados son más graves de lo que se observa en el promedio.
Si el análisis se hace considerando los diez rangos de ingreso en los que se divide la población, se tiene que a las personas que se encuentran en el primer decil de ingreso, el más bajo, les fue peor. “En este estrato, en 2022 con respecto a 2018, hubo más personas en pobreza (1.56 millones), en pobreza extrema (casi un millón), más personas con ingresos menores a la canasta básica (1.7 millones) y a la canasta alimentaria (200 mil). Así mismo, se registraron 230 mil personas más con rezago educativo, 7.8 millones más sin acceso a la salud y más de un millón sin acceso a la seguridad social. Más de dos millones de mexicanos se incorporaron a la población con tres o más carencias sociales”.
¿Por qué los más pobres entre los pobres aumentaron, a pesar de que el reparto de dinero en efectivo del gobierno se duplicó?
El autor nos ofrece básicamente dos causas para explicar este fenómeno. En primer lugar, la política de reparto de programas sociales no tiene como objetivo central dispersar los recursos únicamente entre los más pobres. La forma generalizada en la que se entrega la ayuda, hace que ésta se distribuya también entre personas que no la requieren, entre los que se encuentran en los deciles altos de ingreso. La consecuencia ha sido que una parte de la cobija ahora cubre a los más ricos y descobija en alguna medida a los más pobres.
En el primer trimestre del 2018, 61% de los hogares más pobres declararon que recibían apoyo de algún programa del gobierno. Este porcentaje bajó a 51% para el 2021. En el otro extremo y para el mismo periodo, la ayuda gubernamental pasó de 6% a 12% entre las familias que se encuentran en el decil más alto de ingresos laborales.
En segundo lugar, las carencias en el acceso a la educación, salud y seguridad social aumentaron para toda la población, pero su impacto fue mayor entre los más pobres. Por ejemplo, la carencia de acceso a los servicios de salud aumentó en 30.4 millones en total, pero creció en 25.1 millones para el 50% de la población más pobre y 5.3 millones entre el 50% de los más ricos. Una afectación a todas luces desigual.
¿Qué hacer para combatir efectivamente la pobreza y la pobreza extrema en el largo plazo?
De manera resumida se diría que Hernández Licona plantea empezar por utilizar la abundante información disponible, para elaborar padrones de beneficiarios en los que se focalice la atención a toda la población que es vulnerable. Dejar de hacer padrones en la opacidad y con criterios clientelares o políticos como ha sido hasta ahora.
Abandonar la idea de que la pobreza sólo se combate con reparto de dinero y que es asunto de una sola dependencia gubernamental. Promover el acceso efectivo a los derechos, para igualar oportunidades, debe ser una acción explícita en todos los programas e instituciones.
No hay forma de reducir la pobreza con una raquítica generación de empleo formal, ni con salarios precarios, ni con la relativamente baja participación de las mujeres en el mercado laboral.
Por último, es necesario empoderar a los grupos sociales históricamente en desventaja para que exijan un mejor reparto de la riqueza y demanden terminar con las injusticias.
