Las rabietas del gobernador
Álvaro Aragón Ayala
En el Tercer Piso del Gobierno del Estado estallaron las rabietas: Rubén Rocha Moya explotó en cólera porque pese a que paga millones de pesos a medios de comunicación, columnistas y “analistas” para que le maquillen su imagen y lo dibujen como un “estadista”, el “Culiacanazo silencioso” lo exhibió como un gobernador fallido, torpe, mentiroso y cínico.
El mandatario estatal perdió el control de la agenda mediática y la población descargó en él toda la furia acumulada durante sus dos años y cinco meses que lleva su gobierno. La vox populi lo sentenció: es un narco gobernador a quien no le interesa la seguridad del pueblo. En Sinaloa existe una narcocracia, es la expresión generalizada.
Rubén Rocha se enojó porque no pudo “encapsular” la información de los 66 “levantados” y porque él navega a nivel nacional e internacional con la figura de importamadrista y narco. Aquí, en Sinaloa, sería fácil venderle espejitos a la sociedad, tergiversar la información y construir un escenario para minimizar el “Culiacanazo silencioso”.
Otra vez Héctor de Mauleón, de El Universal, lo puso como palo de gallinero. De nuevo, Pablo Hiriart de El Financiero, expresó que la población de Sinaloa “paga las consecuencias de un gobernador insolente que ostenta un cargo mal habido”. Ricardo Ravelo lo instaló en el contexto mundial como un cínico. Es desde el exterior de donde vienen los más duros calificativos contra el gobernador.
LOS LEVANTADOS DE CULIACAN (HÉCTOR DE MAULEÓN)
El “Culiacanazo silencioso” demostró, pues, que Rubén Rocha incurre en delitos por omisión, en su estatus de complicidad: nunca ha actuado contra los grupos criminales. Es puro cuento, estadísticas falsas y saliva el plan de seguridad y prevención de delitos. Quedó demostrado que los delincuentes entran y salen de cualquier ciudad a “levantar” o sustraer familias enteras “sin que nadie los vea”.
El “levantón masivo” de 66 personas colocó también bajo la sospecha de los órganos de inteligencia y seguridad nacional a los cuerpos locales de seguridad y prevención de delitos y sus mandos. El ejército mexicano llegó a valorar la toma de las instalaciones de policía municipal, la ministerial y de la propia Fiscalía de Justicia del Estado.
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