El verdadero golpe es a la justicia electoral
Arturo Espinosa Silis
Estamos a 33 días de la elección, pero el de junio no acaba esto, después viene la etapa de resultados e impugnaciones, el escenario indica que habrá varias elecciones cerradas en las que seguramente se peleará cada voto y se buscará llevar las cosas hasta la última instancia.
El contexto de inequidad en la elección, las constantes intervenciones del presidente, gobernadores y otros servidores públicos, el uso de entidades gubernamentales, el uso de los medios de comunicación estatales, sumados al excesivo gasto, las precampañas anticipadas y la violencia electoral constituyen un caldo de cultivo de argumentos suficientes y solidos para buscar la nulidad de cualquier elección. Nos espera una etapa post electoral complicada, en donde la justicia electoral será protagonista y tendrá un arduo trabajo.
En suma, la validez o nulidad de todas las elecciones pasa por los tribunales electorales, locales y federales. En 2018 y 2021 se presentaron en todo el país cerca de 18,000 impugnaciones, para estas elecciones los números pueden ser similares en cuanto a la litigiosidad. Además, recordemos que es a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quién le toca calificar y validar la elección presidencial.
El grave problema que enfrenta la justicia electoral es que todos los tribunales electorales del país están incompletos. La máxima instancia que es la Sala Superior debería estar conformada por 7 magistraturas y solamente tiene 5, las Salas Regionales tienen una vacante cada una desde hace prácticamente dos años, y en las entidades hay 41 magistraturas pendientes de ser designadas en los tribunales locales.
La responsabilidad de estas designaciones es del Senado de la República, en sus manos están las casi 50 magistraturas vacantes en la justicia electoral del país, en algunos casos los tribunales electorales llevan tres años indebidamente integrados. A pesar de que ha habido intentos por realizar estas designaciones, la mayoría en el senado los ha diluido, pues como ya sabemos la apuesta del oficialismo es por tener instituciones débiles o afines.
Pero también los partidos opositores han sido tibios con el tema, es cierto que por sí solos no podrían realizar las designaciones, pero tampoco han exigido o presionado para empujar estos nombramientos.
Tener tribunales electorales incompletos o indebidamente integrados es un golpe fuerte a la certeza y seguridad jurídica, los criterios que definan qué elecciones se anulan o cuales se confirma su validez se aprueban muchas veces por el voto de una magistratura, que es la que hace la diferencia.
La situación de la justicia electoral es preocupante, su papel en la etapa postelectoral es determinante, el riesgo de inestabilidad política de cara al inicio del sexenio, de la legislatura de las nuevas administraciones locales es latente, los equilibrios y la estabilidad puede depender de lo que se defina en las impugnaciones.
El periodo legislativo prácticamente ha concluido, el tema de las magistraturas pendientes de designar ni siquiera se ha abordado, la apuesta es llevar la etapa post electoral con tribunales incompletos, lo que buscan es ganar en la mesa lo que no se gane en las urnas, esto a partir de la presión que se pueda ejercer sobre las magistraturas, aprovechando la coyuntura debilitamiento.
Este es el el verdadero golpe de Estado técnico, el debilitamiento de la justicia electoral, la apuesta es que los órganos jurisdiccionales que resuelven las impugnaciones y quienes son los únicos que pueden anular una elección estén incompletos o con integraciones a modo, el oficialismo así lo ha dispuesto.
Con información de Expansión
