Rubén Rocha, entre la sospecha y la corresponsabilidad
Álvaro Aragón Ayala
¿Tiene obligación el gobierno de los Estados Unidos de mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana en Sinaloa y en México? Si no tiene entonces obligación tampoco tiene responsabilidad ni corresponsabilidad. Sorprendió, pues, Andrés Manuel López Obrador a los expertos en temas de narcotráfico y seguridad cuando expresó que los “gringos” son corresponsables de la ola violencia que azota Sinaloa. El presidente de la República reprochó a Washington que no tomara en cuenta al Gobierno de México en la “negociación” de la captura de Ismael -El Mayo- Zambada.
López Obrador descargó así en el gobierno de Joe Biden parte de la responsabilidad de la generación de la violencia en Culiacán y otros municipios de Sinaloa, pero no puso a salvo de la sospecha al gobernador Rubén Rocha Moya. AMLO se “lavó las manos”. El gobierno federal, aclaró, no tuvo interacción en la estrategia de detención de El Mayo. Si se aplica el razonamiento lógico, por las declaraciones del presidente de la República, se deduce que el capo era clave en la permanencia de la “pax narca” en Culiacán.
Si se valora el concepto y los alcances de la corresponsabilidad, es evidente que, en la detonación de la violencia, hay dos o más responsables o corresponsables. En el centro de la obligación de mantener la paz en Sinaloa y en Culiacán, se ubica al gobierno federal -Marina, Sedena, Guardia Nacional, etc.-, y Rubén Rocha que ejerce el mando de la Policía Ministerial, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y las policías preventivas ¿Quién es entonces el otro o los otros corresponsables que no mencionó López Obrador?
En una carta para explicar que no se entregó a la DEA ni al FBI ni a ninguna otra dependencia estadounidense, Ismael Zambada dijo que cayó en una celada cuando acudió a una reunión que se celebraría en el campestre Huertos del Pedregal, en Culiacán, a la que acudiría el gobernador Rubén Rocha. El encuentro sería, según el capo, para dirimir las diferencias entre Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo y ex Rector de la UAS.
El Mayo Zambada indicó en su carta que él fue detenido y esposado y Cuén Ojeda fue asesinado. Después del crimen, la entonces Fiscal Sara Bruna Quiñónez y su equipo de colaboradores trataron a toda costa de hacer aparecer el homicidio como producto de un intento fallido de despojo de la camioneta en la que era transportado el ex Rector.
Hay pruebas documentadas por la Fiscalía General de la República que Ismael -El Mayo- Zambada fue convocado a la reunión por “operadores” del gobernador Rubén Rocha y una persona muy afín al mandatario, quien no sólo citó a Cuén Ojeda, sino que le confirmó la hora y el lugar y le ratificó que el gobernador acudiría al encuentro.
Después de la captura de “El Mayo” Zambada, Rubén Rocha quintuplicó el número de agentes que cuidan su seguridad personal. Más de 60 elementos, a bordo de 15 camionetas, lo movilizan. También es transportado en helicóptero. Para justificar la presencia policial en su entorno, el gobernador explicó que ha recibido amenazas de diferente índole.
El presidente López Obrador dijo que no le pareció correcta la forma en que se realizó el acuerdo para la detención del Mayo Zambada porque fue completamente ilegal, y además hubo violencia “ahí, perdieron la vida personas, bueno el ex rector de la Universidad y luego la secuela, esto que está pasando ahora”.
