Peligra la instalación de casillas en 2024, alertan
Héctor Figueroa
El plan B de la reforma electoral que discutirá, enmendará y eventualmente aprobará el pleno del Senado en la semana que inicia pone en riesgo el “piso parejo” en las elecciones del país, además de implicar el “desmantelamiento” del servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tales son las conclusiones del estudio Riesgos e Implicaciones de la Reforma Electoral, realizado por Integralia Consultores, acerca de las leyes reglamentarias en la materia, aprobadas por la Cámara de Diputados, y que serán discutidas en comisiones este lunes en el Senado para llevarlas al pleno previsiblemente el martes.
Se restringe la capacidad sancionatoria y regulatoria de las autoridades electorales: pierden atribuciones sustantivas, regulatorias, de fiscalización, así como para señalar y sancionar faltas electorales en contra de partidos políticos y/o candidatos pues todo deberá interpretarse conforme a estricto derecho.
La falta de sanciones generará impunidad y elecciones sin piso parejo”, advierte el reporte de los consultores que analizó los cambios a 450 artículos de cinco leyes reglamentarias en materia electoral, así como la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El estudio pone énfasis en la permisibilidad para que funcionarios públicos puedan realizar actos proselitistas a favor de candidatos o partidos, aun en tiempos considerados de veda electoral.
Se expande la capacidad propagandística de servidores públicos: en primer lugar, se elimina la restricción temporal y geográfica para que los servidores públicos rindan sus informes de gobierno.
Y, en segundo, se modifica la definición de propaganda gubernamental para atarla al ejercicio presupuestario y por lo tanto las declaraciones de todos los servidores públicos, incluidas las del presidente, pueden hacerse durante las campañas”, apunta el informe de Integralia Consultores, que dirige que dirige Luis Carlos Ugalde.
Las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral, apunta el análisis, favorecería al instituto político que detente el gobierno, y esto podría generar falta de certidumbre en el próximo proceso electoral.
Se acrecienta el riesgo de conflictividad hacia 2024: se espera que el gobierno asuma una postura de abierto proselitismo para garantizar el triunfo de sus candidatos”, enfatiza el estudio.
Asimismo, advierte de la merma en la capacidad operativa del INE para organizar elecciones con certeza y calidad, pues la reducción de su presupuesto en 3 mil 500 millones de pesos aproximadamente, afectando salarios y prestaciones del personal técnico y operativo, así como el despido del 85% de sus integrantes.
SE PREVÉN DESPIDOS
La reducción implica en los hechos el desmantelamiento del servicio de carrera del INE, el servicio profesional electoral, e implicaría despedir a 85% de sus poco más de 2 mil 500 miembros.
La eficacia del instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales se vería afectado. Se debilita la figura del consejero presidente: se desaparece la Junta General Ejecutiva que es el brazo operativo del INE y a través del cual el consejero presidente garantiza la ejecución del mandato del Consejo General”, dice el reporte.
Adicionalmente, el estudio apunta que el INE ya no será un órgano autónomo para la administración y organización de las elecciones, pues sus recursos financieros estarán expresamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con lo cual se afecta su autonomía presupuestal.
Se debilita la autonomía presupuestaria del INE: propone que todos los recursos del Instituto estén expresamente etiquetados en el PEF, con lo cual se pierde capacidad operativa e independencia frente al Congreso.
Asimismo, se mandata que se liquiden y reintegren los fondos provenientes de dos fideicomisos constituidos para pagar las pensiones de sus jubilados, así como para el mantenimiento y actualización de los módulos de atención ciudadana”, dice el análisis.
Aunado a ello, de acuerdo con el reporte Riesgos e Implicaciones de la Reforma Electoral, los acuerdos y mandatos del Instituto Nacional Electoral tenderán a politizarse al restarle facultades al consejero presidente del organismo y darle atribuciones de decisión a los representantes de los partidos políticos.
Se crea una Comisión de Administración, integrada por cinco consejeros, uno de ellos el consejero presidente, los directores ejecutivos, así como representantes de los partidos políticos.
Se merma la capacidad operativa del INE para organizar elecciones con certeza y calidad (…) Ello politizará la implementación de los acuerdos del Consejo General y les dará a los consejeros electorales un papel ejecutivo deformando su papel de supervisión”, subraya el análisis.
Adicionalmente, el 3 de abril de 2023, cuatro consejeros: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, concluyen su mandato en INE, por lo que la Cámara de Diputados deberá elegir con al menos dos tercios de los votos a sus sucesores.
Estrés político y organizacional para el INE: en medio de la renovación de cuatro consejeros, el Instituto deberá iniciar un proceso de reorganización interna que por definición será conflictivo, por ejemplo, juicios laborales, la organización de la elección de Edomex y Coahuila y los preparativos del proceso electoral de 2024”, concluye.
La reforma electoral aprobada en la Cámara de Diputados plantea modificaciones a cinco leyes y expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
