La falla de planes A y B por falta de supervisión de Palacio Nacional
Carlos Ramírez
En política se ha comprobado que lo que mal empieza mal acaba. Todo el embrollo en torno a los planes A y B de la reforma electoral en la Cámara de Diputados y el Senado se explica por la falta de supervisión del Poder Ejecutivo sobre el proceso legislativo en San Lázaro y la redacción de una Minuta plagada de errores, inconsistencias y contradicciones jurídicas, política y legislativas.
La responsabilidad directa de la primera Minuta enviada al Senado le corresponde al líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, por su incapacidad absoluta para procesar una de las iniciativas de ley más importantes del presidente López Obrador. Pero a pesar de eso, la falta de pericia –para decir lo menos– del diputado Mier, las áreas correspondientes de Palacio Nacional también cometieron errores gravísimos de falta de supervisión: la asesoría jurídica, el área de relaciones legislativas de Gobernación y la coordinación de asesores de la Presidencia de la República.
El diputado Mier nunca tuvo el control de las negociaciones y la redacción final de la Minuta, al grado de que el PT y el Partido Verde metieron cachirulazos inconmensurables con agregados que violaban la Constitución, sin que nadie supervisara la limpieza de la redacción final de la Minuta que se envió al Senado plagada de errores garrafales.
Otro error de estrategia política cometida por el diputado Mier estuvo en la falta de sensibilidad para entender la disputa por el poder entre las dos cámaras y para percibir el papel que quería jugar el líder senatorial morenista Ricardo Monreal Ávila en sus juegos políticos para conseguir por cualquier vía su medallita de corcholata oficial como pre-precandidato a la presidencia en 2024 que le estaba negando de manera consistente el presidente López Obrador. En este sentido, el diputado Mier debió haber sido mucho más cuidadoso en la supervisión de la Minuta para evitar lo que ocurrió: Monreal colocó la Minuta de los diputados en el centro del debate político sobre la reforma electoral y comenzó a administrar negociaciones para apoderarse del escenario mediático.
Lo primero que hizo el senador Monreal fue armar un aparato de supervisión jurídica para pasar la Minuta de los diputados por un examen riguroso y el resultado no pudo haber sido sino el esperado: la Minuta era un monumento a la violación de la Constitución, con la circunstancia agravante de que no se tenía el tiempo necesario para corregirla y nadie sugirió, en caso de ser posible, regresarla a San Lázaro para corregir todas las aberraciones legales habidas y por haber.
La Minuta de San Lázaro careció de supervisión legal y constitucional, a pesar de algunos avisos que se dieron al interior de las comisiones sobre la forma de procesar el plan B del presidente de la República, porque las intenciones no eran solo ajustar las leyes que requerían votación simple y se metieron de manera arbitraria en reacomodos constitucionales sin pensar en toda la técnica de procesamiento de modificaciones a la Carta Magna.
Lo más grave de la Minuta de San Lázaro estuvo en el hecho de que la Cámara baja es uno de los espacios legislativos para construir leyes y ajustarlas al marco general de la Constitución federal y los diputados morenistas ni siquiera se preguntaron por los efectos de algunas decisiones en artículos constitucionales que debían de pasar por un procedimiento legislativo de mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores para modificar la Constitución.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha estado siempre al garete, bajo el liderazgo primero de Mario Delgado hasta su ascenso a la presidencia de Morena y después quedó en manos de Ignacio Mier, un diputado que en plena redacción y negociación del plan B en comisiones estuvo más preocupado por su presunta candidatura al Gobierno de Puebla. Las comisiones legislativas de diputados morenistas han carecido de funcionalidad y supervisión y se ha concretado solo a ejercer de manera autoritaria su mayoría absoluta junto con el PT y el Partido Verde.
El tamaño de los errores garrafales de la Minuta de la Cámara de Diputados y la lista de alrededor de 150 violaciones a la Constitución hace imposible en la práctica que el Senado pueda repararlas, en tanto que sería más fácil regresar la Minuta y reponer el proceso que resanar la cantidad de violaciones constitucionales en la reforma electoral.
El costo social y político de intentar recomponer la Minuta de San Lázaro es más alto a los beneficios de reorganizar el sistema electoral.
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