¿Elecciones exitosas?
Marco Baños
Faltan doce días para conocer el desenlace de las cuestionadas elecciones judiciales que, contra viento y marea, llegarán a la otra orilla para concretar una de las reformas más antidemocráticas impulsadas por la 4T.
Su propósito es demoler al Poder Judicial para integrar otro, en su mayoría, con personas afines a la coalición gobernante que en poco tiempo anularán la autonomía judicial y el principio de la división de poderes, bajo el argumento no demostrado de que así lo pidió el pueblo.
Se trata de elecciones cuya legitimidad fue pulverizada por múltiples decisiones del oficialismo, de las autoridades electorales y hasta de partidos de oposición. Las reglas establecidas en las reformas constitucional y a leyes secundarias fueron redactadas para establecer mecanismos que aseguraron que la mayoría de las candidaturas resultaran simpáticas al régimen y que los “perfiles opositores” no pasaran, salvo contadas excepciones que se colaron a las boletas, pero a las que buscarán anular en las urnas.
Las elecciones judiciales rompieron principios y reglas básicas de seguridad y confianza establecidas en los últimos 34 años. Entre los aspectos inéditos que no garantizan autenticidad están: las normas se emitieron casi de manera simultánea a la organización de las elecciones y se modifican constantemente con criterios del Tribunal; solo se instalará la mitad de casillas por el severo recorte presupuestal al INE; los listados de candidaturas no fueron revisados adecuadamente; se votará por candidaturas identificadas con números y colores, en formatos barrocos que serán muy complicados para el electorado; las campañas han sido inexistentes e inoperantes, sin recursos para una competencia equitativa; la información proporcionada por autoridades electorales, poderes públicos y candidaturas es insuficiente para un voto razonado.
Diversas decisiones del INE han logrado materializar el galimatías normativo construido por Morena y sus aliados, pero otras han vulnerado mecanismos construidos para garantizar credibilidad en los comicios, la más cuestionable es la no inutilización de las boletas sobrantes bajo el argumento de que no daría tiempo a los funcionarios de casilla, aunado en que tampoco se publicitarán los resultados por candidatura ni el número de boletas recibidas ni el de las sobrantes, abriendo una peligrosa vía para la especulación y para las triquiñuelas de los partidos que están acorralados en la prohibición que les impide participar y que por varias vías han buscado inmiscuirse, ya sea por la acreditación de militantes como observadores o por el favor que les hizo el Tribunal al facultar a los poderes públicos para difundir la elección.
En el exterior también hay críticas severas. La más reciente, publicada por The Economist, sostiene que la reforma judicial y su implementación, socavan al Estado de derecho y refuerzan el diseño de un Estado autoritario, además de que la elección de personas juzgadoras pone en riesgo su imparcialidad y reditúa beneficios para las pandillas del crimen organizado; aunado a los nocivos efectos que tendrá en la administración de justicia para los particulares y para las empresas.
A escasos días de la jornada electoral, algunas voces del INE deberían ocuparse de corregir el rumbo y no de descalificar a las voces que alertan sobre los efectos de decisiones que ponen en riesgo nuestro modelo electoral en las elecciones judiciales y en las que vienen. El éxito no se medirá por la instalación de la totalidad de las casillas, eso está garantizado por el Servicio Profesional Electoral; el éxito institucional se medirá en función de un arbitraje imparcial, con el nivel de participación ciudadana que se logre y, sobre todo, con la credibilidad de los resultados. La democracia implica intercambio de argumentos no de adjetivos calificativos.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
Con información de El Sol de México
