El aguacate sí tiene guardaespaldas

Al ciudadano común nadie le blinda ni la puerta de su casa.

Alberto Guerrero Baena

La emergencia que solo llega cuando toca el bolsillo

Michoacán lleva casi dos décadas demostrando que la ausencia del Estado se mide en cadáveres, no en pérdidas de exportación.

Hicieron falta, sin embargo, apenas setenta y dos horas de bandera roja para que Washington suspendiera sus inspecciones fitosanitarias —motivo directo del más de millón de toneladas de aguacate que México coloca anualmente en el mercado estadounidense— para que el gobierno federal desplegara 1,557 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en nueve municipios.

La velocidad de reacción es la confesión más honesta de este sexenio: la vida de un empresario aguacatero pesa, en la agenda de seguridad nacional, más que la de los alcaldes asesinados, ocho soldados muertos por minas artesanales o los desplazamientos forzados que documentan comunidades enteras desde Aguililla hasta Buenavista.

No hubo Plan Michoacán, ni discurso presidencial, ni operativo de esta magnitud cuando la amenaza era solo contra ciudadanos sin apellido corporativo.

La geometría de una luz verde casi instantánea

Que Estados Unidos levantara la suspensión en cuestión de días, tras años de alertas de seguridad ignoradas en la misma región, no es prueba de que el

problema estructural se resolvió: es prueba de que la variable que realmente activa la cooperación bilateral es el comercio, no la seguridad de los mexicanos.

La rapidez del acuerdo –mesa de trabajo con SADER, SSPC, SEDENA, GN y SAT incluida– revela una arquitectura de intereses cruzados: la industria aguacatera californiana no quiere competencia desabastecida, la Casa Blanca no quiere un frente comercial abierto en plena ofensiva antinarco hemisférica, y el gobierno mexicano necesita mostrar una victoria rápida que oculte la parálisis frente a la gobernanza criminal.

Ninguno de esos intereses coincide, por cierto, con el interés del jornalero que corta aguacate bajo la mirada de cuatro organizaciones que Washington ya calificó, con nombre y apellido, de terroristas.

Gobernanza criminal con sello oficial estadounidense

CJNG, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y Los Viagras no son una hipótesis analítica: son una designación jurídica vigente del Departamento de Estado.

Eso significa que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce, en documento oficial, lo que Michoacán vive todos los días: territorios con impuestos criminales, laboratorios protegidos, rutas de trasiego custodiadas con minas y drones, y una disputa armada que ha costado alcaldes de todos los colores partidistas.

Si la amenaza es oficialmente terrorista, ¿por qué la respuesta del Estado mexicano sigue siendo reactiva, geográficamente limitada a los polígonos aguacateros y condicionada a la presión de un tercer país?

Un enjambre de inteligencia, decomiso patrimonial y desarticulación de estructuras de cobro de piso —no solo de custodia de huertas— es la política que correspondería a una amenaza clasificada como terrorismo.

No lo es.

Y esa distancia entre la etiqueta y la estrategia es, precisamente, la medida de la simulación.

El cementerio de alcaldes que nadie factura

Salvador Bastida García. Martha Laura Mendoza y varios nombres más.

Varias personas, varias administraciones locales decapitadas por el crimen en menos de dos años, dentro de un historial que ya suma dieciocho presidentes municipales asesinados en Michoacán desde el sexenio de Calderón.

Ese costo político no ha generado ni una fracción de la urgencia operativa que sí generó la suspensión de un embarque agrícola.

La pregunta que ninguna vocería ha respondido con seriedad es qué le debe el gobierno federal a Michoacán – o mejor dicho a su clase política- para sostener, administración tras administración, un Plan Michoacán que se relanza casi idéntico cada vez que la evidencia desmiente sus resultados.

Si la inseguridad realmente disminuyó, como se ha declarado en conferencias

matutinas, la suspensión estadounidense —y el reforzamiento “precautorio”; que el propio gobernador reconoció— es la prueba empírica de lo contrario.

Lo propositivo: seguridad que no dependa de terceros

Ya Michoacán no necesita otro plan con el mismo nombre y el mismo despliegue reactivo.

Necesita inteligencia financiera contra las cuatro estructuras ya designadas,

fiscalías estatales sin funcionarios en campaña, protección real —no reactiva— para autoridades municipales, y una política de seguridad que no espere una alerta extranjera para movilizar tropas.

La soberanía no se defiende posponiendo decisiones hasta que otro gobierno las exige: se ejerce protegiendo primero al ciudadano que no exporta nada, solo vive ahí.