Segalmex: la cueva de Alibabá y sus ladrones
Ivonne Melgar
Documentado en las cuentas públicas de 2019 y 2020 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el desfalco de Segalmex asciende a 9 mil 500 millones de pesos, un monto superior a los 7 mil 600 de la llamada Estafa Maestra.
“Es la cueva de Alibabá Ovalle y sus 40 ladrones”, afirmó este lunes la diputada María Elena Pérez-Jaén, después de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe al respecto. El caso es un escándalo: granos y cárnicos echados a perder, desabasto de tiendas, pérdida de bienes y recursos, faltantes de maíz y frijol en inventarios, adquisiciones y pagos sin soporte documental de insumos de la canasta básica y leche, pagos por concepto de subcontratación de personal sin que se acreditara la prestación del servicio e incumplimiento de contratos por arrendamiento vehicular sin las penalizaciones correspondientes.
Pero a estas alturas de un sexenio en el que la prometida lucha contra la corrupción se ha prostituido por el selectivo uso de casos y reparto político de perdones, el escándalo mayor es que estamos en vías de la normalización del daño al erario.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó el 18 de agosto haber presentado 38 denuncias ante la FGR. ¿Por qué no inhabilitó a Ignacio Ovalle Fernández, al frente de Segalmex cuando ocurrió el desfalco, y ahora funcionario de asuntos municipales en la Segob? ¿Alguna novedad en la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos?
El silencio y la omisión también se observan en otros responsables del pretendido Sistema Nacional Anticorrupción: se lavan las manos o hacen como que atienden el asunto, sin llegar al esclarecimiento de los hechos y menos a la reparación del daño.
La ASF guarda silencio ante la petición de informes por parte de legisladores que se atreven a romper el pacto de impunidad en el que cómodamente quisieran estar los actores políticos con antecedentes presuntamente sospechosos, ante los amagos de Palacio Nacional, Morena o las fiscalías donde éste gobierna y que han sido capaces de montar persecuciones violatorias del debido proceso con órdenes de aprehensión justificadas en supuestas denuncias anónimas. Es la desgracia en la que nos encontramos: políticos de oposición cuidándose de no seguir la suerte del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien hace un mes le levantaron el castigo del linchamiento mediático en la 4T.
En esa dinámica ha caído la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, presidida por el priista Pablo Angulo Briseño, y facultada por la Constitución para dar seguimiento a las diversas formas que la corrupción adquiere y que la ASF documenta. Pero esa atribución se queda en el papel.
Aunque hubo una excepción el 17 de agosto: a iniciativa del PRI se empujó un acuerdo para llamar a comparecer al fiscal Renato Sales Heredia por el desvío de recursos en la compra de equipo de espionaje durante su gestión como comisionado nacional de seguridad.
Ayer nos enteramos que se trató de un amago, uso político de la supuesta lucha anticorrupción, porque el acta correspondiente quedó eliminada con los votos de Morena, PT, PVEM y del PRI.
Las panistas Pérez-Jaen y Anabey García Velasco cuestionaron el desaseo. La morenista Inés Parra lo calificó como una prueba de que había regresado el Primor. En esa sesión, se expuso la petición de llamar a comparecer al actual titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, para conocer las consecuencias del desfalco y las medidas de resarcimiento.
Pero el intento formulado por Pérez-Jaén y Parra se topó con el cerco de la indiferencia, la complicidad y la defensa acrítica. Morena alegó que las etapas de la fiscalización están en proceso y que debía darse espacio a la defensa de los auditados.
“Nosotros no vamos a acompañar un proceso bajo presiones ni para tratar de obtener posicionamientos partidistas; vamos a seguir en el proceso que marca la ley”, advirtió el diputado Daniel Gutiérrez (Morena). Su compañero Miguel Prado optó por la más recurrente defensa 4T: reviró que el PAN tenía sus escándalos y que de ello daba fe el gobernador saliente en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Pérez-Jaen prometió enviarles el documento que sustenta su denuncia ante la FGR con los principales hallazgos de la ASF en 2019 y 2020. “Se lo doy resumido para que de veras lo estudien, si ven cómo se encuentran ahorita las tiendas de Diconsa se pondrían a llorar diputado. Aquí no es grilla, aquí lo que hay es trabajo”.
La diputada Carolina Viggiano habló de la gravedad del caso Segalmex y dejó ahí un mensaje. “Estoy a favor de que hagamos todo lo necesario. Aquí nadie quiere cubrir a nadie… Gobierno que sea, del partido que sea, debe rendir cuentas, incluso de mi partido (…) Pero yo quisiera que ojalá el Presidente de México se diera cuenta que tiene muchos funcionarios corruptos”.
¿Están dispuestos los priistas, panistas, perredistas y emecistas a ir en serio en este desfalco o será una moneda de cambio más? Ésa es la pregunta que quedó en el ambiente al finalizar la sesión de la camaleónica Comisión de Vigilancia y Auditoría.
Para confirmar la orfandad en la que estamos cuando de corrupción se trata, a esa duda se sumó la sospecha que ahí dejó la diputada Inés Parra: “Los corruptos, los encubridores, son los propios auditores de la Auditoría Superior de la Federación. Próximamente se los voy a presentar en firme, con nombre y todo, porque pareciera que a eso debemos llegar los diputados cuando tenemos la Auditoría y el órgano interno de control que no hacen nada”.
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