Que sorpresa: no mandó preguntar el Noroeste

Juan Manuel Partida Valdez

Imagine usted mi sorpresa de enterarme que no mandó preguntar el Noroeste en la semanera de ayer al gobernador sobre los ingresos de sus hijos por más de 548 millones de pesos.

Creí que era cuestionamiento cincho, toda vez que hemos visto cómo este periódico independiente se ha convertido últimamente en un indagador contumaz de cosas de la política que son indebidas o cuando menos lo parecen.

Aunque ya con un análisis más de cerca, la sorpresa deja de serlo.

Recordemos la nota principal de hace poco más de una semana en la que Noroeste nos informaba sobre los exrectores de la UAS que consiguieron trabajo para sus hijos en la institución.

Los nombres de los papás y de los hijos… con ese olvido tan ilustrativo de no mencionar a Rubén Rocha Moya y a sus hijos.

Esos mismos nombres que surgen en los ingresos multimillonarios de la constructora Chocosa.

Ya serían dos omisiones de esos investigadores que nos presumen van duro con todo y contra todos.

Advirtamos sin embargo que ni un solo medio de comunicación envió a su reportero a preguntar al respecto en la semanera.

Quizás hoy manejen esa información que, permítame presumir, debería ser nota destacada en las notas informativas y de opinión.

Ya veremos, dijo el ciego.

(Repitamos la autocrítica expresada previamente en este espacio: algunos grandes medios le suelen sacar la vuelta a notas que pueden ser demoledoras para la cuarta transformación).

LAS COMPLICIDADES DEL CONGRESO Y LA FISCALÍA

Peor están las cosas en el Congreso del Estado y en la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, que con todo el cinismo del mundo siguen siendo cómplices de acusados de diversos delitos como abuso sexual.

Acaban de poner otra vez el dedo en la llaga tanto el Partido de la Revolución Democrática como el diputado aliancista Luis de la Rocha.

Los “justicieros” diputados encabezados por Feliciano Castro Meléndrez se burlan repetidamente de la legalidad al ignorar las denuncias de servidoras de la nación en contra del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como de María Teresa Guerra, Secretaria de la Mujer en Sinaloa; de María Inés Pérez Corral, Secretaria del Bienestar estatal, y del hoy magistrado administrativo Leobardo Gallardo Beltrán.

Delitos investigados por la Fiscalía General de la República, con el secretario general de gobierno de Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez como vulgar defensor de los delincuentes.

Si los acusados fueran adversarios del poder, el congreso hubiera iniciado juicio político y la fiscalía anduviera con todo en contra de ellos.

Pero como estamos hablando del ahijado y de empleados directos del gobernador, entonces la cosa cambia.

En lugar de perseguirlos, se les premia con puestos públicos importantes, a pesar de que se conoce que son delincuentes de lo peor.

Cómo esperar que la cámara local actúe en contra de diputados corruptos que son parte de esa cloaca.

Feliciano Castro, Serapio Vargas, Almendra Sánchez Negrete y Pedro Villegas Lobo, por citar unos pocos ejemplos, de muchos que hay.

En Sinaloa no hay justicia.

Los tres poderes y la fiscalía pisotean todos los días el estado de derecho.

Enrique Inzunza es titiritero, y con la complicidad de sus títeres persigue a sus enemigos.

Es el caso de la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, quien tiene acusado a Inzunza por el delito de abuso sexual.

Una denuncia que en la fiscalía estatal duerme el sueño de los justos.

Así funciona la legalidad en Sinaloa, que a veces no se mueve ni tantito y en otras va con la velocidad de la luz.

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