Sequía y riesgos de catástrofe en México
Gerardo Gutiérrez Cadiani
Mientras la agenda pública se satura con la especulación política, los grandes desafíos del país siguen sin respuestas a la altura, haciéndose más y más complejos. Uno de ellos, cada vez más grave, es la sequía que azota a gran parte del país, poniendo en serios aprietos al sector agropecuario y, con ello, a la producción alimentaria. Máxime porque se da junto con el flagelo de una delincuencia organizada que extiende su presencia en el campo, pero también por políticas públicas erróneas y que dan la espalda a la realidad en función de criterios ideológicos.
Al último corte, el reporte del Monitor de Sequía muestra que la sequía sigue en aumento. Las lluvias de primavera disminuyeron su intensidad, a lo que siguió la ola de calor y ausencia de lluvias en junio, lluvias escasas de julio a agosto y un septiembre en gran parte seco. Así, más del 67% del territorio nacional está afectado en formas de moderada a extrema.
Hay quienes consideran que podríamos ver la sequía más intensa desde 1957. Por ahora, de los 2 mil 471 municipios del país, ya afecta a más del 68% (mil 688). Mucho más grave que en 2022, cuando golpeó al 52 por ciento. Los estados más afectados, con intensidad de severa a extrema, son Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México, Morelos y Guerrero.
Los niveles de captación de agua en las presas de los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se han reducido a 29, 40 y 18, respectivamente. A nivel nacional, el promedio de abasto de presas esta en 42 por ciento.
Para el sector agrícola es un desastre. Ya desplomó la producción de insumos básicos, incluyendo azúcar y granos, incluyendo frijol y maíz. También se espera una baja de rendimientos en las frutas y hortalizas, como ha perfilado el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Nuestras exportaciones en esta área, que con el TLCAN y el TMEC crecieron de forma continuada hasta erigirse como una de las fuentes primordiales de divisas, pueden verse severamente mermadas, porque además enfrentan la sombra de la innecesaria disputa comercial sobre el maíz.
Hasta ahora, no hay respuestas, sino insensibilidad en el sector gobierno e incluso en la sociedad. Como si nos contentáramos con esperar a que el destino nos alcance en materia de agua y producción de alimentos para empezar a actuar. Peor aún, el Gobierno eliminó programas de seguros entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y los estados, así como los seguros climático y agrícola, que operaban a través de Agroasemex para pequeños y medianos productores. Muchos que sembraron y no obtuvieron cosecha enfrentan escenarios de quiebra.
Los números de la producción dan cuenta de una tragedia. La Sader estimó una cosecha de maíz de 20.8 millones de toneladas en el Bajío, pero se estima que será de 18.1 millones y aún menos, además de que buena parte de la producción se puede ir para forraje en reserva, todo lo cual traerá más importaciones. Por lo pronto, las compras al exterior ya llegaron a 12% más que el año pasado.
Para el ciclo otoño-invierno, cuya siembra arrancó en septiembre, se calcula una reducción de 50% en la cosecha de Sinaloa, el principal productor de maíz, anticipó el GCMA. De una cosecha promedio de 5.5 millones de toneladas al año en condiciones climáticas normales, este año se alcanzarían entre 2 y 2.5 millones de toneladas. En ese estado, la superficie sembrada ha caído en 60 por ciento.
Con la caída de la producción de frijol llegaremos a niveles récord de compras externas, ya que la actual es la peor producción en la historia, con una merma de 500 a 600 mil toneladas.
La zafra 2022-2023, que concluyó en junio, tuvo una caída de 961 mil toneladas de azúcar respecto a la de 2021-2022, lo que ha llevado a un aumento de 40% en el precio.
En esta prioridad, hay que tener en cuenta que la agricultura y la ganadería concentran entre 68 y 70 por ciento del agua que se usa en el país, en tanto la parte de la industria y las hidroeléctricas es de cerca de 14% y la de uso doméstico, alrededor de 10 por ciento. Además, es el sector donde hay mayor desperdicio: cerca del 57% se desperdicia, principalmente por infraestructuras de riego ineficientes, en mal estado, obsoletas o con fugas.
México necesita una política integral y de largo plazo para cuidar el agua y usarla con eficiencia, ligada a la seguridad alimentaria y al desarrollo del sector agropecuario. Una en que las partes pública, privada y sociedad civil trabajemos de manera coordinada en una reingeniería estratégica, transexenal, y con objetivos claros.
Se requieren políticas públicas con visión de futuro, que brinden certidumbre jurídica y que proporcionen condiciones de bienestar para todos los que participan en la cadena productiva.
Los problemas se centran en la falta de un enfoque de sostenibilidad, que asegure la rentabilidad en la producción de alimentos y el resguardo de las reservas forestales; ausencia de un enfoque integral de largo plazo para la investigación y desarrollo tecnológico; debilitamiento de las instituciones responsables de proveer los bienes públicos; y falta de políticas públicas productivas y de infraestructura.
Por ahí hay que empezar, y para ello, lo primero es ser realistas y prácticos. Dejar la ideología que evade los problemas y las soluciones, como la tecnología para producir más y mejores alimentos, hacer un mejor uso de agua y de las fuentes renovables de energía. Urge reaccionar.
