Las ilegalidades y perversidades de Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, precisó que las auditorías estatales no están facultadas para realizar investigaciones contables-administrativas a las Universidades Públicas autónomas. Las Universidades -precisó- reciben recursos de los gobiernos, el federal a través de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, y de los gobiernos estatales con recursos de origen federal -de las participaciones derivadas de la recaudación federal participable-. Ambos rubros únicamente son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Muy claro.
Así, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el ejercicio de su transparencia y rendición de cuentas, la Auditoría Superior de la Federación le practica tres auditorías anuales, una forense. Los arqueos contables-administrativos no han arrojado nada negativo. La ASF ha dictaminado que las autoridades de la Universidad no han incurrido en ningún desvío de recursos y mucho menos han causado un daño patrimonial a la institución. Los resultados de las auditorías, licitaciones, ingresos y gastos, están en la plataforma nacional de transparencia y son del conocimiento público, de la SEP y de la Secretaría de la Función Pública.
En febrero del 2023, los diputados del Congreso Local de Sinaloa, de Morena y del PRI, llamados en aquella ocasión “morenistas por contrato”, aprobaron expedir la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual fue avalada y publicada por instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. El Consejo Universitario y más de 160 mil miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa rechazaron la ley de marras por considerar que viola la autonomía universitaria y se contrapone al espíritu de la Constitución, en su artículo 3° fracción VII, y transgrede la Ley General de Educación Superior.
Y de inmediato comienza la persecución y la fabricación de delitos contra los funcionarios de la UAS. En venganza por el rechazo a la ley estatal, el gobernador “alineó” a los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, la UIPES, el SATES y a la Auditoría Superior del Estado, para que manufacturaran, que se metieran de lleno en la prevaricación de ilícitos contra las autoridades universitarias, ejerciendo presión para que le aprobaran su Ley de Educación Superior que faculta al gobernador, al Congreso Local y a la SEPyC a entrometerse en la vida interna de la Casa Rosalina.
Fue así que sin ningún basamento jurídico, sin contar con el resultado negativo de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, el gobernador Rubén Rocha Moya y su pandilla, construyeron narrativas facciosas, mentirosas, apoyados por algunos medios de comunicación pagados por el Gobierno del Estado, inventando que en la UAS estaban haciendo mal uso de los recursos públicos y que no se dejaban auditar por la Auditoría Superior del Estado, mientras de la Ciudad de México se notifica que la ASE rochista no tenía facultades para auditar a a la Casa Rosalina y, en tanto, la Auditoría Superior de la Federación le practicaba tres investigaciones contables-administrativas a la Universidad.
Con documentos falsos, adulterados, con la narrativa gubernamental, difundida por los medios pagados, con la Fiscalía General de Justicia, orientada por Rubén Rocha Moya y el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, ha construido expedientes o “carpetas de investigación” que no tienen el basamento jurídico del resultado de ninguna auditoría, ordenando al Supremo Tribunal de Justicia y a sus Jueces de Control, a que le otorguen veracidad a lo construido mediante falacias por el mandatario estatal. Esas carpetas de “investigación”, que en derecho constituyen llanamente “basura jurídica” son usadas para vincular a proceso a Madueña, en su estatus de Rector, y a otros funcionarios de la UAS.
No conforme con la criminalización pública, mediante una celada jurídica, usando uno de esos expedientes prefabricados, y con el argumento de que Jesús Madueña Molina es un peligro para el desarrollo de la “investigación” rochista, un Juez de Control decretó la destitución del Rector de la UAS, violando, además de que se finca en una carpeta hechiza, la Constitución en su articulo 3° Fracción VII, la Ley General de Educación Superior y la Ley Orgánica de la universidad, que especifica como único facultado para nombrar y remover al Rector al Consejo Universitario de la máxima casa de estudios. El Juez no tuvo ni siguiera la decencia de notificar o enviar al Consejo Universitario de la UAS su dictamen. Contra Jesús Madueña Molina no existe ninguna sentencia plena y llana. El proceso judicial fue violado y la presunción de inocencia tirado al caño del Supremo Tribunal de Justicia.
En el armado de sus perversidades para procesar, vincular a proceso, destituir y encarcelar a los funcionarios de la UAS, Rubén Rocha Moya ha pisoteado a la Auditoría Superior de la Federación, por cuanto a que no acepta el resultado de sus auditorías federales, y adultera, para manejarlos facciosamente, documentos que ya fueron revisados por la ASF; atenta contra la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa al intentar aplicarle la Ley Estatal de Educación Superior y fabricarle delitos a los funcionarios universitarios con la falsedad de que no se dejan auditar y de que no hay transparencia en la institución; usa a capricho a los Poderes Judicial y Legislativo en su conspiración contra la Casa Rosalina, y ya se peleó con Luciano Concheiro Bórquez y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, subsecretario de Educación Superior y directora de Educación Superior de la SEP, porque se negaron a sumarse a las agresiones contra la UAS.
