Pensiones. Campaña con dinero ajeno
Raúl Trejo Delarbre
Morena busca votos a costa del dinero de millares de trabajadores. La reforma al sistema de pensiones que presentó ese partido les quitaría a los trabajadores que tienen 70 años, o más, los recursos de sus cuentas de ahorro individuales para colocarlos en un nuevo e incierto “Fondo de Pensiones del Bienestar”.
El presidente López Obrador que respalda esa reforma, así como los diputados Ignacio Mier e Ivonne Cisneros que la presentaron, aseguran que con esos recursos el pago a los trabajadores pensionados sería de al menos 16 mil 700 pesos al mes. Pero no se ha conocido un cálculo actuarial que establezca con certeza cómo, con qué rendimientos y para quienes, sería posible que aumentaran de esa manera las remuneraciones de los pensionados.
Hoy en día existen más de 71 millones de fondos individuales de ahorro para el retiro, aunque hay trabajadores que tienen más de uno. El dinero de esos fondos se invierte y con los intereses así generados, así como con las aportaciones de cada trabajador, se forma el monto del cual dependerá la pensión de cada uno. Si ese dinero es colocado ahora en un fondo general es evidente que los rendimientos para cada individuo serán menores, porque serían distribuidos entre más personas.
Los fondos de pensión, llamados siefores, están organizados de acuerdo con la edad de los trabajadores. La siefore básica de pensiones reúne los recursos de quienes tienen 60 o más años y que son, debido a su edad, los que están cerca de jubilarse. El dinero de esa siefore asciende a casi 75 mil millones de pesos. Los recursos de quienes tienen 70 años o más, según se ha dicho, suman alrededor de 40 mil millones de pesos. Esa es la suma, o el botín podría decirse, que pasaría al Fondo “del Bienestar”.
En febrero pasado, el presidente López Obrador presentó una iniciativa para crear un fondo de pensiones de 68 mil millones de pesos que serían aportados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las ganancias del Tren Maya, Mexicana de Aviación y otras empresas. De allí no pueden surgir contribuciones para nada porque se trata de proyectos deficitarios. Por eso ahora Morena pretende apropiarse del dinero de quienes, teniendo derecho a pensionarse, no lo han hecho. Algunas de esas cuentas individuales son de trabajadores ya fallecidos, pero muchas otras de personas que siguen laborando.
La Asociación Mexicana de Afores, que inicialmente mostró una postura crítica ante ella, se doblegó hace unos días y consideró que la iniciativa de Morena “no contempla ninguna expropiación de recursos”. Quizá tiene razón porque, en sentido estricto, expropiar es quitarle algo a alguien a cambio de una indemnización. A los trabajadores afectados por esa reforma les quitarían el dinero de sus ahorros para el retiro, sin indemnizarlos y sin garantía de que su pensión será del monto que recibirían si se mantienen las cuentas individuales.
Esa reforma no hace falta para que el Estado disponga de los recursos de cuentas no reclamadas. La Ley del Seguro Social ya establece que, si un trabajador no los reclama, los recursos en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pueden ser utilizados por el IMSS “a los diez años de que sean exigibles”.
Hasta ahora, las Afores colocan el dinero de las cuentas individuales en inversiones de distintos tipos de riesgo, de acuerdo con la edad del trabajador. Los recursos de los más jóvenes son invertidos en fondos de mayor riesgo, en busca de intereses más altos y tomando en cuenta que el trabajador tardará varios lustros, o décadas, para jubilarse. Los recursos de los trabajadores más viejos, que se retirarán pronto, van a inversiones menos aventuradas. Pero ahora, si quedan en un fondo oficial, ¿qué ocurriría si el dinero de los trabajadores de más de 70 años es empleado en proyectos como los trenes obradoristas, o la refinería sin petróleo, que no tienen ganancias? Esa alta posibilidad de que los recursos tomados de las cuentas individuales sean dilapidados en proyectos improductivos, propicia el fundado temor de que el Fondo del Bienestar sea un enorme y dispendioso saco roto en donde se pierdan los ahorros de millones de trabajadores.
La iniciativa reformaría las leyes del IMSS y el Infonavit para que, a los 70 años, los ahorros depositados en los fondos de pensión y vivienda pasen al Fondo del Bienestar. Además se reformaría la Ley del ISSSTE para que los fondos de los trabajadores del Estado tengan el mismo destino, pero a los 75 años. Según versiones en los medios el dictamen modificó la iniciativa para que no se aplique a trabajadores en activo, pero no se ha indicado con qué límites o reglas.
La propuesta señala que los trabajadores podrán acceder a “la devolución de los recursos”. De esa manera admite que el propósito es despojarlos de algo que ahora es suyo. “Devolver” significa “restituir algo a quien lo tenía antes”. Si se les ofrece la dudosa posibilidad de que se los devuelvan, es porque les quieren quitar esos ahorros.
La pensión de más de 16 mil pesos que prometen Morena y el presidente, no estaría garantizada por esa reforma. El Transitorio Segundo de la iniciativa dice que el Fondo para el Bienestar entregará a las instituciones de seguridad social recursos “para procurar” que los pensionados, a partir de 65 años, reciban una cantidad equivalente al salario promedio registrado por el IMSS —que en febrero fue de $17 500 mensuales—.
Procurar no es garantizar. Sería muy justo que los jubilados reciban al menos ese monto, pero la propuesta de Morena no lo asegura. No es la solución al cada vez más grave problema que significan las pensiones precarias.
Quitarle a unos sus ahorros personales para repartirlos entre otros, es una medida anticonstitucional que, si se aprueba, muy posiblemente será cancelada por la Suprema Corte. Antes de eso Morena, AMLO y su candidata presidencial, harán propaganda electoral con una reforma ilegal, confiscatoria e ineficaz.
Con información de Crónica
