Justicia electoral bajo la lupa
Arturo Espinosa Silis
Los jueces electorales son el último dique de contención de la democracia. En la etapa post electoral son los protagonistas y en sus determinaciones terminan por definir el mapa político que el día de la jornada electoral se diseñó.
A lo largo del proceso electoral se advirtió sobre la situación que enfrentaba la justicia electoral, 49 magistraturas vacantes en todo el país, dos en la Sala Superior, una en cada una de las Salas Regionales, 40 en los tribunales electorales locales, algunos con una sola magistratura debidamente designada. Se señaló que esta situación debilitaba a los órganos encargados de impartir justicia, que los ponía en una posición vulnerable frente a la ola de impugnaciones en donde se iba a buscar ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas.
En todo momento la respuesta fue minimizar o ignorar la situación, incluso se nos dijo con mucha vehemencia que los Tribunales electorales estaban fuertes, que la falta de designación de sus integrantes no afectaría en el trabajo jurisdiccional.
Varias elecciones han sido impugnadas tanto a nivel local como federal, la presión por conseguir resultados favorables a partir de las impugnaciones es mucha. A través de una narrativa de fraude electoral y desconocimiento de los resultados Morena ha señalado públicamente que peleará hasta las últimas instancias.
En este contexto se empiezan a dar algunas decisiones judiciales, varias de ellas polémicas y otras contradictorias. En la última semana el tribunal local anuló la elección del municipio de Zacatecas, consideró que el candidato ganador violó la equidad de la contienda y por lo tanto la elección debía ser invalidada. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó que se debía hacer un recuento total de la votación en la alcaldía Cuauhtémoc, la decisión se dio en aras de dar certeza a una elección cuya diferencia entre el primero y segundo lugar es de 3.3%, misma que revocó la Sala Regional CDMX; pero que aún sigue en indefinición sobre si se llevará a cabo o no. Mientras que en Jalisco, la Sala Regional revocó la orden de realizar un recuento total en la elección de Guadalajara, sin embargo, tanto en la elección municipal como en la de la gubernatura la pretensión es anular. En la semana también se sumaron las declaraciones en las que se señalaron irregularidades en la elección del Senado en Querétaro, la cual está igualmente impugnada ante los tribunales.
¿Qué tienen en común todas estas elecciones en las que se ha montado una narrativa de fraude e ilicitudes y se busca revertir los resultados? En todos los casos fue la coalición oficialista la que perdió, la que está buscando ganar en la mesa lo que no consiguió en las urnas.
La cereza de este pastel jurisdiccional es lo que ocurre en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde por un lado se niegan a subsanar la falta de dos magistraturas y están esperando al último momento para completar el pleno para calificar la elección presidencial, esto a pesar de que la etapa y los trabajos jurisdiccionales para ello ya comenzaron, y por otro siguen resolviendo asuntos que impactan en la validez de elección presidencial, en determinaciones recientes han seguido señalando que el presidente intervino indebidamente en la elección, con lo que ya van al menos 36 casos en los que se acredita violación al principio constitucional de neutralidad en la elección por parte del presidente, a quien también ya se le acreditó violencia política de género en contra de la candidata opositora.
Por otro lado, las magistraturas, al menos una mayoría de ellas, consideraron que no se debía investigar al ex ministro de la SCJN Zaldívar por violar la normativa electoral y que la pinta de bardas y el uso de la frase “Es Claudia” no constituían actos anticipados.
Hoy más que nunca es necesario voltear a ver lo que están haciendo los tribunales electorales, poner el ojo en sus decisiones, sentencias y resoluciones, exigir que resuelvan en apego al marco legal que rige nuestro sistema electoral, lo cual es su obligación y responsabilidad, pero que también lo hagan de manera congruente e imparcial, en sus decisiones suspira la democracia.
Con información de Expansión Política
