La lista Alcalde Luján
Alvaro Aragón Ayala
El episodio protagonizado por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, al exponer en el espacio Derecho de Réplica un mapa de lo que el Gobierno identifica como un grupo de periodistas encajonados en un “ecosistema de amplificación digital”, no admite absolutos ni lecturas apresuradas. La discusión pública se polarizó de inmediato: para un sector, se trató de la exhibición de una “lista negra” orientada a estigmatizar a voces críticas del gobierno de Claudia Sheinbaum; para otro, representó la difusión de un análisis técnico sobre la dinámica de redes sociales, medios y actores políticos adversos a la llamada Cuarta Transformación. Ante la aclaración de las autoridades de que no existe persecución alguna ni una nómina de opositores, el fenómeno demanda un escrutinio riguroso, más allá de la adjetivación. En la esfera política, la naturaleza de un acto estatal proviene de la función que cumple, del contexto en que se produce y de los efectos que desencadena en la deliberación pública.
Partiendo de una premisa imparcial, es indispensable señalar que los periodistas no constituyen una corporación éticamente inexpugnable. El Estado posee el derecho legítimo de responder a las investigaciones, denunciar campañas de desinformación, exhibir contradicciones y estudiar los mecanismos tecnológicos de propagación de contenidos. Esta atribución forma parte del propio ejercicio de la libertad de expresión institucional. No obstante, dicho derecho no implica una prerrogativa ilimitada para clasificar públicamente a comunicadores dentro de esquemas de confrontación digital. Aunque, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la mención de un nombre profesional no configura por sí sola un delito, la problemática radica en la carga simbólica que adquiere ese nombre al ser insertado en un diagrama colectivizado junto a cuentas automatizadas, partidos y estructuras de propaganda. Identificar una nota periodística es señalar un dato; vincular al autor con un engranaje clandestino requiere una demostración metódica y rigurosa.
Precisamente en la metodología reside el núcleo del debate técnico. La existencia de bots, granjas de contenido y operaciones de manipulación digital es un desafío global incuestionable que el poder público debe analizar. Sin embargo, cuando los modelos conceptuales incorporan a periodistas y medios profesionales, surgen interrogantes operativas indispensables: la delimitación entre lo que constituye una coincidencia temática o editorial y lo que implica una coordinación financiada o dirigida. Coincidir en la crítica hacia una administración no equivale a formar parte de un complot estructurado. Por consiguiente, la réplica gubernamental resulta democrática mientras contraponga dato contra dato y documento contra documento; se degrada cuando desplaza el foco de los argumentos para centrarlo en la identidad o filiación del interlocutor.
Este escenario cobra una dimensión crítica al contemplarse bajo la luz de la memoria histórica del país. Durante el régimen de partido hegemónico existieron listas invisibles y un sofisticado sistema de incentivos y exclusiones mediante la publicidad oficial, el acceso privilegiado y la cooptación. En la prensa mexicana pervivían tanto profesionales desplazados como una aristocracia mediática beneficiada por la cercanía con el poder. Si bien la alternancia política transformó los mecanismos sin erradicar las tensiones, el modelo actual sustituyó la antigua presión administrativa por la disputa narrativa desde la cima del Estado. Aunque esta confrontación abierta no constituye en sí misma un acto de censura directa, se desenvuelve en una nación donde la violencia contra la prensa demanda una responsabilidad discursiva reforzada. El peso y volumen de la voz presidencial posee un eco determinante que obliga al Estado a medir las repercusiones de sus señalamientos.
Fijar el debate en una disputa semántica sobre si el esquema presentado por Luisa María Alcalde representa o no una “lista negra” resulta inconducente. La transparencia metodológica y el comportamiento institucional posterior darán la respuesta definitiva. Si los periodistas conservan el pleno acceso a la información y ejercen la fiscalización sin represalias de carácter administrativo, fiscal o judicial, lo ocurrido permanecerá en el terreno de la comunicación política; de lo contrario, la estigmatización habrá derivado en una práctica inhibitoria de la libertad de prensa. Ni el gobierno actual puede ser excluido mecánicamente del ejercicio de prácticas del pasado autoritario, ni los comunicadores pueden asumir que su labor los exime del escrutinio y de la exigencia de rigor ético en sus publicaciones.
El examen de fondo que plantea este episodio rebasa la coyuntura del Ejecutivo y de los medios de comunicación. Una administración sólida fortalece su legitimidad al someter sus políticas a la crítica sin transformar a los disidentes en enemigos públicos, de la misma forma que un periodismo maduro defiende su autonomía asumiendo que el debate democrático implica rendición de cuentas. En última instancia, la salud de la democracia no se ratifica en la coincidencia unánime, sino en la certeza de que el poder puede ser cuestionado sin provocar intimidación y ejercido sin recurrir a la descalificación sistemática del interlocutor.
A la luz de la opinión pública, no se trata tanto ya únicamente de dilucidar qué actor ostenta la razón absoluta, si los periodistas o el gobierno, sino de atender una exigencia impostergable de la sociedad civil. México demanda una transparencia bidireccional, pero, sobre todo, exige de manera tajante que el ejercicio de la libertad de expresión deje de emplearse como una plataforma para la acumulación desmedida de riqueza. La población repudia la gestación de nuevos ricos surgidos del soborno, las prebendas otorgadas a cambio del silencio complaciente o la omisión deliberada. Esta nociva práctica del pasado -en la que el presupuesto público funcionaba como un engranaje de compra de voluntades para modelar la realidad a conveniencia del poder-no debe repetirse bajo ningún matiz. La verdadera democratización del debate público exige que ni los presupuestos estatales ni el federal sirvan para premiar lealtades políticas o mediáticas, pero también que las plataformas periodísticas no se conviertan en instrumentos de chantaje, presión o enriquecimiento ilícito. La independencia de la prensa no se protege únicamente frente al poder público: también se preserva frente a los intereses económicos que puedan distorsionar su función.
