La difamación y la calumnia, aportadas como “pruebas jurídicas” por Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
Pese a que es la Auditoría Superior de la Federación la única facultada legal y constitucionalmente para determinar, previa auditoría, si en la Universidad Autónoma de Sinaloa existen o no desvíos o saqueos de recursos, el gobernador Rubén Rocha Moya persiste en criminalizar a los directivos de la institución usando la difamación y la calumnia como cargas de la prueba e inventando malversaciones del presupuesto universitario que sólo existen en su imaginación.
Los resultados de las auditorías federales practicadas por la ASF no han arrojado ninguna irregularidad ni daños al patrimonio de la UAS ni a la Federación que es la que provee de recursos económico-financieros a la Casa Rosalina, pero el gobernador instruye a la Fiscalía para que fabrique carpetas de investigación y ordena a los jueces de control que mantengan procesos judiciales abiertos contra los funcionarios fincados en recortes de periódicos y chismes gubernamentales.
Rocha Moya instrumenta sus difamaciones y calumnias para que los jueces las tomen como “verdad” y las usen contra las autoridades de la UAS. O toman en cuenta las diatribas o son expulsados del Tribunal Superior de Justicia, es la advertencia. Así, la mentira adquirió peso jurídico para procesar a los directivos universitarios. Ninguna demanda rochista posee el peso de la prueba del resultado de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación
No obstante que fue Rubén Rocha la que colocó a Sara Bruna Quiñónez en la Fiscalía y mantiene un férreo control del Tribunal de Justicia de Sinaloa, vía su secretario general de Gobierno y Senador electo, Enrique Inzunza Cazarez, lo que le permite montar demandas penales sin argumentación jurídica, dice que él no domina esas dependencias en respuesta al llamado presidencial para que participe en la Secretaría de Gobernación en la solución del conflicto que creó con la UAS.
LEER NOTA RELACIONADA:
LA INVENCION DE TRES DELITOS PARA CRIMINALIZAR A JESUS MADUEÑA
Para demostrar su poder, el gobernador manifestó que al Rector Titular de la UAS, Jesús Madueña Molina, ya le dieron un “estate quieto”, al hacerle pagar 2 millones de pesos por incumplir con las medidas cautelares que se le impusieron en uno de los procesos legales que fabricó con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, dependencia que no tiene facultades para auditar los recursos federales y federalizados ni los dineros propios de la Casa Rosalina, pero que aun así interpuso demandas por “abuso de autoridad” porque no la dejaron arquear la institución.
Sabiendo que a la UAS no le alcanza el presupuesto para cumplir con sus funciones, pues anualmente paga 2 mil 500 millones de pesos al ejército de trabajadores en retiro que gozan de la “jubilación dinámica”, prestación que no es apoyada financieramente por el gobierno federal, Rocha Moya difama y calumnia, fabricando la falacia de que el dinero no alcanza para pagar sueldos y aguinaldos porque se lo roban, pero no presenta ninguna prueba. La mentira es insultante.
El gobernador enfureció por el llamado del presidente a buscar por la ruta de la conciliación una solución al diferendo que mantiene con la UAS y escaló con una andanada de difamaciones y calumnias para esquivar el mandato de Andrés Manuel López Obrador y ordenó a los medios de comunicación a los que les paga la nómina de sus trabajadores y directivos que persistan en el linchamiento informativo contra las autoridades rosalinas.
LEER NOTA RELACIONADA:
