La coordinación interinstitucional para poner a las víctimas al centro
Ulises Lara López
El caso de Mariana Lima Buendía inspiró la iniciativa de la “Ley Mariana Lima Buendía”, que plantea investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes.
Mariana Lima Buendía, estudiante de derecho en la UNAM, fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. Con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de feminicidio, en 2015, este caso de se convirtió en una representación de la lucha contra este tipo de delito en México además de ser un referente para las familias de las víctimas.
En este proceso mucho se reconoce la lucha de la madre de Mariana, Irinea Buendía Cortés, para que el caso fuera investigado como feminicidio en lugar de suicidio, lo que dio lugar a una serie de movimientos que marcaron un precedente histórico en la lucha contra la violencia de género en México.
En 2015, la SCJN ordenó reabrir el caso y realizar una investigación con perspectiva de género. Fue hasta el 2016 que se detuvo a Julio César y fue sentenciado a 70 años de prisión.
Con ello la sentencia de la SCJN estableció lineamientos específicos para investigar asesinatos de mujeres, obligando a las autoridades a emplear la perspectiva de género. Esta misma sentencia también ordenó la reparación del daño y el reconocimiento de todos los integrantes de la familia como víctimas.
En la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se estableció un grupo especializado para su atención con perspectiva de género y Derechos Humanos; desde el 2019 que se creó la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, lleva más de mil 500 carpetas de investigación de muertes violentas; de ellas 350 han sido corroboradas como feminicidios. En sus inicios contaba solo con ocho ministerios públicos y siete policías de investigación; hoy su personal es de cien trabajadores encargados de llevar esta titánica tarea.
Se ha encontrado que lo complicado no es catalogar un feminicidio, sino cambiar mitos y estereotipos de género. Existe la necesidad de homologar el tipo penal de este crimen, pero para todo el país, ya que hoy depende de cada estado cómo se investigan estos delitos y lo que impide nos impide tener estadísticas confiables, a fin de poder hacer una toma de decisiones adecuada para políticas públicas y el diseño de la política criminal.
A lo largo de los últimos cinco años, en la Ciudad de México se han abierto más de mil expedientes de muertes violentas de mujeres, entre suicidios, accidentes, feminicidios, homicidios, de ellos 350 están catalogados como feminicidios, lo que da un promedio de seis de estos crímenes al mes.
Por ello, es meritorio el planteamiento de la Tercera Legislatura de conformar leyes más robustas mediante la firma de convenio de colaboración de atención especializada a víctimas con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Con esta firma del convenio se busca generar una cadena de actividades interinstitucionales a favor de las víctimas y perfeccionar las leyes en la materia, así como promover la creación de espacios para dar a conocer de manera integral las necesidades de estas personas.
Por lo que corresponde a la Fiscalía General de Justicia CDMX, ratificamos la necesidad de tener una legislación específica de mujeres, niñas y niños víctimas para que realmente tengan una vida libre de violencia y el acceso a la justicia. Que nos ayuda a reconocer lo que tenemos hasta ahora, pero también asumir lo que hace falta.
Hemos reiterado que la atención a las víctimas debe ser de manera inmediata ante cualquier situación de emergencia que se presente respecto a delitos de alto impacto o ante violaciones graves a los derechos humanos. Con la coordinación interinstitucional salen ganando las mujeres y las víctimas.
Con información de La Crónica
