INE: disputa por el poder 2.- Transición no; solo sugerencias

Carlos Ramírez

Desde el pliego petitorio antiautoritario del movimiento estudiantil del 68 hasta la alternancia partidista en la presidencia en el 2000 y reactivada en la alternancia de Morena en 2018, por el país atravesaron una larga lista de sugerencias de modernización política que nunca se atrevieron a definirse como de transición a la democracia, con la circunstancia agravante de que muchos de sus promotores llegaron al poder y se olvidaron de sus propias recomendaciones.

Se pueden contabilizar, con errores metodológicos aceptados, que del 68 al 2023 circularon en el país alrededor de unas 40 propuestas muy formales de modernización democrática, y quizá la más sólida y amplia fue la del Seminario del Castillo de Chapultepec, del 16 de enero de 1996, impulsada por un grupo plural de ciudadanos de diferentes sectores políticos y productivos y que se consolidaron en “Sesenta acuerdos para la reforma político-electoral”.

El escenario crítico del país fue 1994: la fractura en el grupo gobernante por la decisión del regente Manuel Camacho Solís de no reconocer la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio en noviembre de 1993 y luego el alzamiento guerrillero zapatista el 1 de enero de 1994. La campaña presidencial del PRI entró en una lógica de descomposición interna y culminó con el asesinato de Colosio el 23 de marzo, pero en medio de un enredo político propiciado por el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGregor, por comportamientos de enojo personal y no de coyuntura política.

En 1994, otro grupo plural de ciudadanos creó el llamado Grupo San Ángel bajo el criterio de que las elecciones presidenciales de 1994 serían un choque de trenes y que por lo tanto habría que comenzar ya a discutir en ese momento una presidencia interina que reconstruyera las posibilidades políticas del país. Pocos se atrevieron –porque sería interpretado como una rebelión sistémica– aceptar que se tenía que discutir una transición de México del régimen priísta de endurecimiento político –autoritarismo con distensiones sistémicas—a un régimen democrático, tomando siempre como punto de referencia la transición española a la democracia.

Hacia 1994, había pasado ya una década desde aquella propuesta muy certera de prospectiva política del historiador y ensayista Enrique Krauze, quien en enero de 1984 había propuesto la potencialización en México de la transición española para avanzar hacia un régimen democrático “sin adjetivos”. Muchos de los que desdeñaron a Krauze en 1984 después se apropiaron en 1994 del tema de la transición, aunque eludieron la conceptualización teórica del tránsito sistémico solo bajo la cobertura de reformas parciales de distensión política.

El grave problema de la reflexión política en México ha sido la incapacidad para avanzar de las propuestas teóricas a la asunción de decisiones prácticas; muchos de los que firmaron los documentos de reformas políticas diversas llegaron al congreso, a gabinetes y a posiciones de poder, pero fueron incapaces de influir en la necesidad de llevar a México del régimen presidencialista-centralista autoritario dominante a una conceptualización integral de dar por terminado el sistema/régimen/Estado priista y construir, por la vía del consenso, un aparato institucional no solo democrático en las prácticas de acceso al poder, sino republicano basado en leyes e instituciones y un nuevo Estado de derecho que garantizara el funcionamiento de la República.

Después del fraude electoral de 1988 para entronizar a Carlos Salinas de Gortari en el poder presidencial, el país ha transcurrido por muchas reformas políticas de gran calado de carácter sexenal: la propia de Salinas con la fundación del IFE aún bajo el control de Gobernación, el acuerdo político de Zedillo para lograr la aprobación legislativa al aumento del IVA, las reformas pequeñas de Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda –pivote, por cierto, del seminario del Castillo de Chapultepec–, que fueron apabulladas por el fraude electoral del 2006, y luego la reforma política de Calderón y desde luego la reforma integral del Pacto por México de Peña Nieto.

Las decenas de propuestas de reforma democrática, de modernización institucional y de transición sistémica nunca reconocieron –porque no se atrevieron a plantearse ese objetivo– que el problema de falta de democracia mexicana estaba en la estructura del Estado priista que jamás fue reformulado en los dos gobiernos panistas ni en el actual gobierno lopezobradorista.

El problema de la democracia ha radicado en la incapacidad e imposibilidad para alcanzar una transición del régimen.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.