La corte
Luis Humberto Fernández
En los últimos días ha tomado relevancia el debate en torno al Poder Judicial y la desaparición de 13 de sus 14 fideicomisos. Ha existido una defensa vehemente y triste de los malquerientes usuales que, de forma fallida, buscan demostrar que el tema de los fideicomisos es como un ataque a la división de poderes; pero este argumento no aguanta el más mínimo análisis.
El tema de fondo es que, si bien es un Poder autónomo, no es una república independiente, por lo que debe servir al interés del público en general y no a unos cuantos.
Cuando fui senador propuse modificaciones para el combate a la corrupción en el Poder Judicial, mismas que sufrieron un cabildeo por miembros del mismo Poder Judicial, para que se realizaran en sus términos. Ahora esta extinción de los fideicomisos no significa en ningún momento un ataque a la división de poderes, ya que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se han quitado fideicomisos que representaban privilegios. La pregunta de fondo es muy sencilla: ¿no era más fácil para el Judicial, con transparencia y de frente al pueblo, tratar de aclarar el destino de cada uno de esos fideicomisos y su utilidad pública?
Sin embargo, creo que esto debe ser un debate más amplio, ¿alguien ha revisado las normas de adquisición y a los proveedores de la Suprema Corte de Justicia?, ¿quién garantiza que lo que se está comprando sea para el bien común?, ¿no es absurdo que haya un fideicomiso para que les den mantenimiento a las casas de los ministros, en vez de destinar esos recursos para el mantenimiento de las escuelas?, ¿cómo se está administrando el Poder Judicial?
Entre los fideicomisos desaparecidos están los gastos médicos mayores por más de 129 mdp, así como pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por más de 7 mil 600 mdp. Gentil lector, ¿en su trabajo tiene usted estas prestaciones?, ¿usted cree que su trabajo vale menos?
En mi opinión, quitar estos privilegios es un buen inicio, pero se queda corto; debe haber mayor transparencia en los actos administrativos de la Corte en la que sí hay un régimen de privilegios. No creo que alguien con un mínimo de sentido patriótico no quiera un Poder Judicial autónomo, fuerte e independiente, pero también honesto, transparente, íntegro y funcional a la República.
Es necesaria una norma federal que regule la administración de la Corte y que obligue al Poder Judicial a prácticas honestas, austeras y contra el nepotismo. La realidad es que su régimen laboral es, sin duda, más generoso que en otros segmentos, como el educativo. Se tiene que transparentar la gestión de recursos financieros y materiales y sería muy conveniente realizar un estudio de costos y un análisis del personal. Quienes hemos litigado podremos dar fe de que cuando se llega a un juzgado no se ve a todo el mundo trabajando.
El paro anunciado es un gravísimo error ya que no sirve a causa justa y vulnera más al Poder Judicial. La Corte ha dejado de ser en gran parte un órgano de garantía institucional para vigilar el cumplimiento de las leyes y la justicia. Los fideicomisos eliminados representan más de 15 mil mdp que se destinarán a becas y hospitales, como dijo la Dra. Claudia Sheinbaum: “en el México de la Cuarta Transformación todas y todos debemos contribuir al desarrollo
