El problema migratorio en México

Ulises Lara López

Por encima de ciudades como Buenos Aires, Argentina, que cuenta con 15.5 millones de habitantes o de la ciudad brasileña Río de Janeiro que tiene 13.7 millones y de la capital de Colombia, Bogotá, donde habitan 11.5 millones de personas, en la Ciudad de México viven alrededor de 22.3 millones de personas y más de un millón 320 mil mexiquenses se trasladan a ella para trabajar.

Con este potencial de población la capital del país es una de las metrópolis con mayor dinamismo no solo de Latino América sino del mundo. En consecuencia, por las mañana y noches, los principales accesos a la ciudad registran enormes filas de automotores, que buscan entrar y salir de la CDMX, generando graves conflictos movilidad, al respecto una encuesta a los usuarios reveló que el 47.3 por ciento, en promedio, tarda más de una y hasta dos horas para llegar a su trabajo.

Aunado a ello se vive otro fenómeno, cada vez es más notorio, en nuestra ciudad y el país que tiene que ver con la presencia de extranjeros debido a movimientos sociales conocidas como Caravanas Migrantes cuyo propósito es llegar al territorio estadounidense cruzando territorios centroamericano y mexicano e integradas, sobre todo, por migrantes hondureños; en menor medida a salvadoreños, venezolanos y guatemaltecos.

Esta presencia es cada vez más notoria al establecerse en nuestro país esperando por parte de las autoridades mexicanas las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH); estos documentos autorizan a residir y trabajar en territorio mexicano durante un año, permiten el libre tránsito por el país durante ese periodo y son renovables bajo ciertas circunstancias,

Esta permisividad de las autoridades al tránsito de las caravanas de finales de 2018 y el apoyo a la caravana de migrantes de enero de 2019, abrió un periodo de más de dos años de férreo control y bloqueo de los flujos migratorios, que comenzó incluso antes de las amenazas arancelarias de mayo de 2019; cuando el presidente Donald Trump exigió al gobierno mexicano que detuviese los flujos migratorios que avanzan por el territorio mexicano, con la pena de imponer aranceles a los productos mexicanos.

En este tema, no hay un censo de estas nuevas formas de movilidad en contraste con los flujos migratorios “tradicionales” que incluyen a personas que viajan solas, en familia, en pequeños grupos, con o sin coyotes; esto último puede ser el motivo de viajar en grandes grupos gracias al acompañamiento masivo y que no excluye a las personas de bajos recursos.

La gran mayoría de los integrantes de las marchas han carecido de documentos. La necesidad de viajar en grupo deviene de la inseguridad de tránsito sin documentos, especialmente para quienes afrontan el viaje con escasos recursos económicos o sin éstos, así como para poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes que, en búsqueda del sueño americano, atraviesan el país en tren, autobuses, a pie, o mediante aventones, utilizando diferentes tipos de trasporte.

En la CDMX, en la alcaldía más poblada, se encuentra la Estación Migratoria de Iztapalapa, donde es muy notoria la presencia de extranjeros en todo el territorio de dicha demarcación.

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones 2021 (OIM) plantea que el corredor de México a los Estados Unidos de América es el más grande del mundo, con cerca de 11 millones de personas; el segundo va de la República Árabe Siria a Turquía, y se compone principalmente de los refugiados desplazados por un decenio de guerra civil en la República Árabe Siria. El tercer corredor más grande del mundo, que lleva de la India a los Emiratos Árabes Unidos (más de 3 millones), está formado principalmente por trabajadores migrantes.

Derivado de estos fenómenos sociales, las ciudades y los países, entre ellas las latinoamericanas, enfrentan el desafío de gestionar una respuesta social local a flujos de poblaciones migrantes con apego al respeto de sus derechos humanos.

Estos esfuerzos, los diferentes niveles de gobierno deben resolver tensiones, canalizar financiamiento para afrontar programas enfocados a estas problemáticas, armonizar cambios institucionales para abordarlos y llegar a arreglos de “gobernanza” para gestionar esa agenda migratoria.

Desde una óptica normativa de política pública, del enfoque de derechos humanos y desde la exploración teórica, se torna necesario analizar los alcances y límites de programas sobre integración e inclusión de poblaciones migrantes en puntos de destino y de tránsito, como son ciudades y municipios donde es cada vez más visible e intensivo el flujo de personas migrantes que se quedan o se establecen temporalmente.

En este aspecto, la Ciudad de México ha tenido un papel relevante y ha contribuido, en buena medida, a resolver muchas situaciones para los migrantes brindándoles condiciones más humanas mientras esperan, volviéndose un reservorio y en ello ha asumido los costos que eso implica, por tanto se requieren reformas y revisión de convenios con las naciones de América Latina ya que, en tanto no se detenga el desplazamiento de las personas por falta de oportunidades en sus países de origen, seguirán exponiéndose a múltiples y riesgos.

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