Dos veces víctimas: Los niños en Sinaloa, entre la violencia del narco y el fracaso de las autoridades
Aarón Ibarra
El gran listón negro sigue en la entrada de la escuela primaria Sócrates en esta ciudad. Lo colocaron en protesta por el asesinato de los niños Gael y Alexander, hermanos de 12 y nueve años que murieron por disparos en un ataque directo de un comando.
La autoridad no ha logrado capturar a los responsables, como tampoco ha esclarecido los 35 homicidios de niños y adolescentes cometidos en Sinaloa en el periodo de la actual guerra intestina del cártel de Sinaloa, que comenzó el 9 de septiembre.
El más reciente ocurrió la tarde del lunes 24 de marzo, cuando grupos armados en un presunto enfrentamiento dejaron en el fuego cruzado a los tripulantes de un vehículo marca Toyota Camry color blanco. Al interior, la niña Dana Sofía fue alcanzada por impactos de bala y poco después falleció en una clínica privada mientras recibía atención médica.
El ataque ocurrió en el bulevar Agricultores, en la zona oriente sur de Culiacán, misma que significativamente ha sido el escenario de mayor actividad entre grupos armados, tanto con disparos a inmuebles como con los llamados “topones”, los cuales son choques armados entre los grupos antagónicos que ocurren en cuestión de apenas unos minutos.
El atentado ocurrió apenas horas más tarde de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, diera a conocer en la conferencia mañanera en Palacio Nacional la aprehensión de dos presuntos criminales señalados de ser los autores materiales del asesinato de los hermanos Gael y Alexander, uno de los casos que más han golpeado a la sociedad.
Las víctimas infantiles son un síntoma de lo que ya se viene viviendo de raíz en México, de acuerdo con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe (TRILAC).
Estamos hablando de los síntomas, pero no del problema estructural; es decir, hablamos de que ya se rompieron unos cristales, se rompió la puerta, pero no hablamos del elefante en la habitación y este tema central es la guerra.
Como antecedente, hace 18 años el Estado mexicano (con Felipe Calderón en la Presidencia) decidió enfrentar una guerra contra el crimen organizado, y vía la militarización, vino un debilitamiento de las instituciones, mismo que afecta principalmente a mujeres y niños, recuerda Pérez.
“Y eso ha sido el patrón y esa situación no cambió con los nuevos gobiernos. Salió Calderón, llegó Peña Nieto, mantuvo la dinámica y después tenemos que, en la administración anterior, pese a que hubo una promesa de campaña, no solamente mantuvo la militarización: desde 2007 a la fecha se ha triplicado el presupuesto de las fuerzas militares”.
Un estudio de la convención sobre los derechos de los niños, publicado por la ONU en 2024, advierte que la violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra la delincuencia organizada son también causa de la muerte de muchos niños.
Lo que Sinaloa está padeciendo ya lo han vivido otras entidades como Tamaulipas, según explicó Juan Martín Pérez. Y lo más grave es que estas afectaciones no es posible cuantificarlas.
Un esfuerzo vino con un estudio en 2010 sobre los primeros indicadores de los impactos que la violencia causa en la niñez mexicana.
Para 2020, con un trabajo con más datos, desde TRILAC encontraron que en México había entonces un cálculo de entre 250 y 350 mil adolescentes en factores de riesgo tan diversos, que van desde el reclutamiento hasta condiciones de sobreexposición a la violencia.
Espiral de violencia
Estas repercusiones en las infancias y adolescencias cobran una relevancia significativa en Sinaloa. Partiendo en 2019 con el primer “Culiacanazo”, tiene sentido la hipótesis de que grupos armados hayan reclutado a jóvenes víctimas de anteriores guerras en el estado como la emprendida en 2017 entre Chapitos y Dámasos, o incluso, en 2010 durante la primera escisión del cartel y la batalla frente a los Beltrán Leyva.
“Ahora son los jóvenes que están armados, y estamos hablando de víctimas de reclutamiento que cubren mucho de rol, son víctimas de un crimen internacional, pero también son perpetradores y ellos, aunque los detengas y los prives de libertad no van a cambiar, porque la experiencia de vida que tienen es una vida tan cruel que no va a servir un tratamiento tradicional para alguien que vivió ese nivel de violencia”, expone el coordinador de TRILAC.
La exposición prolongada a este tipo de violencias sume a la niñez en un espiral, en un ciclo, y con el paso del tiempo, en víctimas otra vez.
“Los grupos criminales tienen disponibles a muchísimos adolescentes a los cuales pueden reclutar, entre ellos a las víctimas de otros crímenes porque muchos de ellos, al no recibir acompañamiento o un tratamiento profesional, pues obviamente se quedan con la sensación de venganza o de pocas alternativas para hacer algo distinto de sus vidas”, explica Juan Martín Pérez.
Y a todo esto hay que sumarle que, para estas infancias que se volvieron juventudes y sin opciones diferentes, el poder tener un arma puede significar un único camino.
“Es importante ubicar que evidentemente se quedan atrapados en un esquema, en un círculo de violencia que para muchos es sin alternativas de desarrollo, me refiero a escuela, dinámicas familiares, entornos seguros, entornos comunitarios seguros y el ser parte de un grupo, puede ser una alternativa. La otra, obviamente, es el reclutamiento forzado”, añade el especialista.
Este reclutamiento en Sinaloa no es directamente forzado, sino parte de un ciclo de violencia que se repite y que la autoridad no ha terminado por atender desde que entre 2010 y 2011 ocurrieron más de cuatro mil 200 homicidios dolosos producto de la primera gran narcoguerra.
En este nuevo capítulo de violencia, la batalla interna del crimen organizado, se acumulan mil 320 asesinatos en menos de siete meses y más de mil 300 desapariciones forzadas.
Niños y adolescentes de aquellos años viven como adultos el actual conflicto en Sinaloa. Muchos de ellos como protagonistas.
Necesitamos programas especializados, y por eso hablaba de lo que ya a escala internacional se ha hecho y en el Estado mexicano no se ha atendido.
Esta ausencia de programas integrales contrasta con la violencia que sigue escalando.
Saldos incalculables
En el ataque ocurrido a mediados de enero donde murieron por disparos Gael y Alexander también fue asesinado el padre de ambos, Antonio. Tenía 40 años. Su familia ahora está destruida. Rocío, madre de los pequeños niños y esposa de Antonio, no puede ni hablar de lo sucedido. Un escueto mensaje responde a la solicitud de este reportero, explicando que es muy difícil estar recordando todo lo sucedido. “Una disculpa, pero es muy difícil todo eso”, escribió.
Este crimen representa una de las tragedias que sacuden a familias sinaloenses, sobre todo de la capital, y que tocan gravemente a juventudes e infancias.
En 2022 los homicidios dolosos cometidos contra menores de edad en Sinaloa fueron ocho, uno entre niños de uno a 5 años y el resto de 13 a 17 años. El registro había sido a la baja por cinco años consecutivos, pero aumentaron 11% de 2022 a 2023.
Y entre el último cuatrimestre de 2024 y los primeros dos meses y medio de 2025, de las casi mil muertes violentas en Sinaloa, al menos 34 han sido de menores de edad.
En conferencia de prensa el 5 de marzo último, Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), confirmó la cifra de menores asesinados, así como el hecho de que la mayoría de los casos han sido por la violencia narca.
La gran mayoría de ellos -dijo- son consecuencia de los propios hechos delictivos que se viven de septiembre a la fecha; por ahí puede haber un caso o dos, de estos 33 menores de edad, víctimas de homicidio doloso, que no corresponden a este tipo de situaciones, sino a temas que tiene que ver más bien con violencia familiar.
El dato proviene de la Fiscalía General del Estado (FGE), que advierte que durante septiembre fueron cuatro víctimas, en octubre nueve, en noviembre tres, y en diciembre siete, todas ellas en 2024. Para este 2025 se reportan seis víctimas en enero y cuatro en febrero. En total son 33; durante lo que va de marzo se han sumado un par de casos más.
Uno corresponde al de la adolescente Regina, de 14 años, quien murió a causa de heridas de arma de fuego después de convalecer en un hospital el 2 de marzo. La menor se vio en medio de un fuego cruzado entre grupos armados en la comunidad de Villa Juárez, perteneciente a Navolato, municipio conurbado a Culiacán. Ésta es una zona donde más violencia y enfrentamientos se han desarrollado en la escalada entre Mayos y Chapitos.
Esa noche de jueves, Regina junto a otras personas se vieron en medio de un “topón” en esa comunidad rural al sur poniente de Culiacán. Algunas lograron ponerse a salvo en una carpa de circo, pero otras no, entre ellas Regina.
Y caso más reciente es el del lunes 24; Dana Sofía, adolescente de 12 años que cursaba el primer grado de secundaria, al sur de Culiacán, murió alcanzada por otro fuego cruzado.
En Culiacán, desde el inicio de la batalla intestina del cártel de Sinaloa, más de 20% de los planteles de educación básica han visto sus clases canceladas y al menos 60% de estos, en algún momento de los ya casi siete meses, ha llevado sus clases a distancia, como en la pandemia por covid-19.
Y los días en que sí hay clases, alumnos se han visto aplicando el protocolo que desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) se entregó para tratar de guiar a docentes en casos de enfrentamientos o balaceras. La medida consiste en tirarse al suelo, buscar estar pegados a las paredes y conservar la calma.
Este protocolo es aplicado ya de manera oficial y escuelas de Culiacán, sobre todo al oriente de la ciudad, es de uso constante.
Otra medida, pero expedida desde el interior de las mismas escuelas, ha sido el cancelar clases. La más reciente ocurre en el fraccionamiento Los Ángeles la mañana del lunes 24 de marzo, luego de diversos reportes de detonaciones de arma de fuego.
La autoridad regularmente no informa y ante la opacidad los padres de familias, juntos con autoridades escolares, hacen a un lado toda recomendación de las secretarías de Educación y de Seguridad Pública (de mantener los cursos presenciales) y las clases se van a distancia.
Con información de Proceso
