Del desbalance presupuestario a la crisis de ingreso público
Gabriel Reyes Orona
La programación del gasto federal ha caído en el caos, dado que se han asumido enormes compromisos sin tener un adecuado modelo que dé seguimiento a la evolución del ingreso público. Prevalece la atención de imprevistos, en un entorno ausente de reglas claras. La directiva es retener o negar los pagos, y éstos, solo se realizan en caso de existir instrucción de alto nivel. Desde Palacio Nacional se gestionan prioridades, al margen de lo que alguna vez fue conocido como el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En lugar de aplicar manuales, criterios y políticas, la SHCP se ha decidido a administrar un esquema de presiones, premios y castigos, en el que el cumplimiento de compromisos no es el objetivo, sino la canalización de recursos a las actividades que se marcan en la agenda presidencial como preferentes. Los otrora expertos administradores financieros se han convertido en balanza que sopesa las consecuencias de honrar contratos, cuando ello supone dejar de atender a los favoritos del régimen. Actualmente, quienes aspiran a cobrar, fundándose únicamente en haber entregado la mercancía o prestado el servicio contratado, deben esperar hasta que existan “condiciones” que lo permitan.
Así, el ejercicio presupuestario no tiene como objetivo el cumplir lo pactado, lo relevante, es canalizar recursos a las obras, operaciones y actividades que mantienen el espejismo de una administración en marcha, por lo que no existe prelación, ni consideración alguna que haga preferir lo ya entregado o ejecutado, sobre aquello que permita hacer espectaculares anuncios. El primero en tiempo, ya no es primero en derecho.
La integridad, oportunidad y velocidad en la realización de pagos depende de facilitadores que en todas las dependencias pululan, ofreciendo buenos oficios y gran cercanía con quienes se encargan de cubrir facturas. Los cierres financieros, a partir del tercer año de este sexenio, carecen de congruencia, alejándose de sanas prácticas de gestión pública. Es relativamente fácil encontrar enormes erogaciones que no sólo no están comprendidas en el presupuesto, sino que, al tiempo de su aprobación resultaba imposible el preverlas, sin embargo, éstas, en muchas ocasiones, se realizan antes que las aprobadas.
Abundan asuntos, encomiendas u obras que surgieron al calor de alguna conferencia matutina, que se ejecutan a matacaballo con generosos pagos por adelantado, sin importar que los diputados no hayan podido siquiera imaginarlas, sí, se trata de proyectos que surgieron con posterioridad a la aprobación del presupuesto, y que resulta imposible encuadrar en los gastos en él aprobados. La cancelación del aeropuerto de Texcoco es un buen ejemplo.
Como es bien sabido, buena parte del Presupuesto de Egresos de la Federación está comprometido, dado que se trata de pasivos estructurales que se han venido acumulando a lo largo de los años, sin embargo, hoy es claro que se ha perdido la correlación de los ingresos públicos con los ramos, partidas y subpartidas previstos en dicho instrumento, ya que, en los hechos, existe un amasijo de ingresos que no necesariamente son empleados o destinados conforme a lo aprobado por la Cámara de Diputados, existiendo una notoria distorsión en el proceso origen-destino de los recursos.
El evidente descontrol que existía al cierre del segundo año de gobierno, determinó el inició un proceso de depredación de aquellos reservorios que constituían parte importante de las arcas públicas, poniendo fin a todo vehículo que no restituyera al final del ejercicio a la Tesorería de la Federación los recursos a su cuidado, por lo que se acabaron, sin razón, ni sustento legal, entre otros vehículos, múltiples fideicomisos que, durante décadas, atendieron necesidades que, por su propia naturaleza, deben sustraerse del vaivén anual del gasto presupuestario.
El proceso de identificación de disponibilidades que no serían ejercidas en el corto plazo proveyó fuente para solventar enormes adeudos derivados de ocurrencias. El uso de aquellas no ha sido transparentado de manera puntual y precisa, creando un limbo respecto de cientos de miles de millones de pesos, ya que su concentración y derivación se hizo de manera desordenada y sin criterios claros de registro. Se trata de excepcionales recursos que el Congreso decidió exceptuar de análisis puntual, dando irresponsablemente vuelta a la página.
Desde la TESOFE se han venido canalizando recursos a programas sociales, o bien, a obras tlatoánicas, al paso y medida que, discrecionalmente, la SHCP determina, sin que exista un calendario o planeación en la ejecución del gasto. Esto es, priva la improvisación. Al inicio del año no se sabe cuánto se gastará en estos rubros, y de existir alguna cifra, esta dista notoriamente de la que resulta a final del año, sin que nadie, hasta ahora, haya reparado en identificar la fuente que, en su momento, cubrió multimillonarios sobreprecios que rebasaron los alcances previstos en los proyectos de inversión aprobados.
La cuenta pública es verdaderamente un galimatías que la Auditoría Superior de la Federación ha decidido no esclarecer, limitándose a realizar procesos de revisión de muy limitado alcance. Año con año, la Cámara de Diputados ha venido aprobando una operación presupuestaria que no resulta en una suma cero, ya que los gastos realizados no son confrontables con los ingresos supuestamente acopiados conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. Ambos rubros crecen y decrecen de manera incontrolada a lo largo del año, sin observar la normativa aplicable, y sin que se dé cuenta de lo ocurrido.
La autoridad tributaria ha dado publicidad a relevantes actos de recaudación que involucran sumas importantes, poniendo fin a añejas disputas. Sin embargo, es claro que tales cantidades provienen de ejercicios que anteceden a la presente administración, por lo que no sólo son notoriamente excepcionales, sino que, además, acusan que la actividad recaudatoria se ha apoyado en acciones de fiscalización instrumentadas en otras administraciones. No existen bases que permitan sustentar que la acción exactora pueda mantener, en los próximos tres años, el ritmo de aportación a las finanzas públicas, por el contrario, es de esperar que los casos relevantes vayan a la baja.
Al efecto, es importante destacar que el tribunal administrativo, a diferencia del Poder Judicial Federal, ha emitido criterios que se han sumado a la ciega lealtad, ya que respaldan de manera mecánica alegatos postulados draconianamente por la instancia recaudadora, revocando criterios otrora bien cimentados en los principios de seguridad y certidumbre jurídica.
Se puede percibir que existe una tendencia declinante en el futuro próximo de los ingresos extraordinarios, sin que en la mesa exista una reforma fiscal que sustituya los inusitados ingresos, tan publicitados durante la presente gestión. Con un sistema tributario arbitrario, basado en medidas criminalizantes, es de esperar que las empresas que lleguen con el nearshoring ubiquen su renta fuera del país.
Si bien es cierto que buena parte del gasto está asociado a obras icónicas de la presente gestión, su total terminación, mantenimiento y operación consumirán sumas muy por encima de los ingresos que producirán tales obras. Los programas sociales se han implementado e incrementado sin identificar, de manera puntual y clara, la fuente que los vaya a sufragar en la década siguiente, constituyendo un rubro creciente que gravita sobre el erario.
Esto es, muchos de los ingresos acopiados en este sexenio no sólo son en gran medida excepcionales, sino que, además, muestran una trayectoria de pronta declinación, habiéndose agotado todos aquellos reservorios que, por una sola vez, pudieron ser dilapidados a manos llenas. El colosal aumento del endeudamiento público, contrariando el mandato constitucional, pretende suplir la inminente escasez de ingreso fiscal, destinándose a actividades que no pueden constituir fuente de pago de tal pasivo, como lo son los llamados programas sociales.
Los egresos superan notoriamente los ingresos ordinarios. Hasta ahora se han identificado de manera forzada fuentes extraordinarias, las cuales, amén de no ser ilimitadas, pronto se agotarán, como también lo hará el cupo de financiamiento de Petróleos Mexicanos, en sus dos aspectos, el que le aportan los mercados y el que, obligadamente, le ministran proveedores y contratistas, a quienes terminó por aniquilar.
De esta forma, lo que hoy es sólo desbalance financiado opacamente con fuentes que inevitablemente se secarán en el corto plazo, pasará a ser una crisis de ingreso público, poniendo al gobierno federal en la disyuntiva de destinar sustantivamente la recaudación a sufragar el imparable asistencialismo, o bien, a sufragar el gasto que importan las obras y servicios públicos que demandan los mexicanos. Ambos son mandatos constitucionales, cuya financiación simultánea, sin una reforma fiscal o la privatización de activos públicos, no parece estar al alcance del aparato burocrático.
