Examen Sinaloa: Las “renuncias doradas” del gabinete rochista y el Rector espurio de la UAdeO

Álvaro Aragón Ayala

  • Se va el tesorero estatal corrupto
  • Inzunza y los colectivos feministas
  • Imelda Castro anda en campaña
  • Pedro Flores, el falsario

Se va. Sí, dejará la tesorería estatal. Precisamente cuando la DEA lo instaló como un “funcionario de interés”, y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación que lo involucra en una red de tráfico de influencia sospechosos del saqueo del erario público y la Unidad de Inteligencia Financiera lo coloca en su lista de “ricos inexplicables”, Enrique Díaz Vega dejará la secretaria de administración y finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya.

El anuncio del “despido dorado” de Díaz Vega, a quien todos los días le exigen que saque más dinero del erario público para cumplir los caprichos de la dinastía rochista, lo realizó el gobernador. Que se va el 30 de septiembre cuando concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Los motivos? Sus amigos dicen que se retira a tiempo porque no quiere terminar en el 2028 en la cárcel. Rubén Rocha dijo que renunció “a futuro” para dedicarse en sus actividades y empresas personales.

Enrique Díaz es el funcionario de gobierno de Rocha Moya que más ha crecido su patrimonio y ganancias salariales. El pasado 17 de junio del 2024, El Sol de Sinaloa publicó una investigación sobre las ganancias y propiedades del aún secretario de Administración y Finanzas. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales públicas, Díaz Vega subió sus ganancias mensuales desde que entró al gobierno de Rocha Moya. Gana 868 mil 765 pesos mensuales y desde 2021 hasta 2023 ha comprado 11 propiedades y dos vehículos últimos modelos al contado.

Pero, además, el funcionario estatal es investigado por la DEA por sostener “reuniones sospechosas”, la Fiscalía general de la República tiene contemplado citarlo para que aclare su participación en una serie de transacciones ilegales en torno al “carrusel de obras” acaparadas por la dinastía rochista y por prestarse a pagar obras por encima del costo de los contratos originales de construcción. La UIF lo tiene, también, en la mira por el crecimiento exponencial e inexplicable de su riqueza.

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Quien también se desprenderá del gabinete rochista será el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez. La versión “oficial” es en el sentido de que ya tomó la decisión de irse a ocupar el escaño que le corresponde en el Senado de la República, pese a que en la ciudad de México le quieren clavar las banderillas, espadas y puntillas los colectivos feministas que apoyan a la Jueza de Control Ana Karina Aragón Cutiño, quien lo demandó en cuatro instancias -la CNDH, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género-.

Analistas y comentaristas han señalado en varias ocasiones -en muchas-, que Enrique Inzunza es quien le “calienta la cabeza” al gobernador Rubén Rocha y lo arenga para que persista con su fallida batalla contra la Universidad Autónoma de Sinaloa ¿Quién lo sustituirá? Ya se baraja el nombre del criminal, reo del penal de Aguaruto en 1974, Feliciano Castro Meléndrez, como el personaje siniestro que ocupará la secretaría, pese a sus contantes coqueteos con el grupo malovista.

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Las mujeres no se duermen en sus laureles. Imelda Castro Castro, Senadora en funciones y reelecta para otros seis años más, trabaja ya en su proyecto en pos de la gubernatura de Sinaloa. En el norte sumó a la diputada federal Ana Ayala, a la diputada local Juana Minerva Vázquez y Manuel Luque, al que las damas apodan el “ex”, por aquello de la cornamenta de años atrás.

Imelda Castro penetró al selecto grupo de morenistas de la Ciudad de México -después de enterrar en su memoria a Juan Figueroa Fuentes-, por el riel de René Bejarano, el “señor de las ligas”, a quien nada más usó, pues se adhirió como lapa a Claudia Sheinbaum, quien la amadrinó y palomeó su candidatura a la reelección ubicándola en la fórmula por la Senaduría.

Entonces, con planes firmes rumbo al 2027, la Senadora Imelda Castro Castro y la diputada federal Ana Ayala Leyva, andan en plena campaña rumbo al 2027, y publicitaron que cumplieron su palabra de reunirse con la Intercamaral de Los Mochis, una vez pasado el proceso electoral. Ya iniciaron a reunir simpatizantes.

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Es intocable porque lo protege el gobernador Rubén Rocha Moya. Aun así, el Movimiento UAdeO para la Defensa de la Autonomía no dan ni un paso atrás. Acusó al Rector espurio Pedro Flores Leal, e presuntamente cometer el delito de falsedad ante autoridad al mentir a Gobierno del Estado y al notario público número 223, Félix Alberto Aragón Carranza, en su intento de acreditarse como rector sin aportar el acta que lo certifique como tal y al afirmar que fue designado por unanimidad por la Junta de Gobierno, cuando en otras ocasiones se ha hecho público que obtuvo su cargo por mayoría calificada.

Los maestros integrantes de este movimiento de avanzada, exhibieron la escritura pública número 6,632, elaborada el 14 de mayo de 2024 por el notario Aragón Carranza, donde se lee que Pedro Flores acudió al notario en dicha fecha para otorgarle el poder notarial para pleitos, cobranzas y actos de administración al vicerrector de Administración y Finanzas de la UAdeO, José Luis Castillo Martínez. Sin embargo, según el Movimiento, Flores se condujo con falsedad al no presentar el acta de su designación y al afirmar bajo juramento que fue nombrado por unanimidad.

La denuncia la expuso el académico Marco César Ojeda, cabeza visible de dicho movimiento, planteando que la acción de Pedro Flores implica la comisión de un delito y un motivo para su destitución como rector, pues el artículo 105 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa establece que los declarantes que se conduzcan falsamente u oculten la verdad, se les impondrá la sanción que fije el Código Penal vigente en el Estado, que van desde los tres meses a tres años de prisión y de treinta a cien días de multa “al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Ante lo que marca la normatividad es un fraude que se tipifica y debe sancionarse por Código Penal, pero también es una mentira más que le dice a la comunidad universitaria, todos sabemos que Pedro Flores no fue electo por unanimidad, inclusive es una falta de respeto a los propios miembros de la Junta de Gobierno que votaron en contra de él. Pedro Flores está atrapado en su propio laberinto de mentiras e ilegalidades, no encuentra la salida y mientras más avanza más se pierde, por eso ya es momento de ponerle un alto a esta situación ilegal y que se retome la cordura, se retome el respeto a la ley aquí en la universidad”, finalizó Ojeda.

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