Los obispos sancionarán a Solalinde si se convierte en funcionario

Rodrigo Vera

A raíz del incendio en un centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez, ocurrido el pasado 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sacerdote Alejandro Solalinde han venido adelantando que éste último se hará cargo de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CNAME), instancia gubernamental que –a decir de ambos– sustituirá al Instituto Nacional de Migración.

Ante este anuncio, el director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, aclara enfático: “El padre Solalinde se metió en un terreno muy pantanoso, pues en términos de disciplina eclesiástica no puede ser funcionario de gobierno y al mismo tiempo ejercer el ministerio sacerdotal. ¡No puede! Se lo impide el derecho canónico”.

–¿Qué sanciones se le aplicarían?

–La sanción por esa rebeldía es la dimisión de su condición de clérigo, la reducción al estado de laico.

–¿Eso significa que ya no se le permitiría oficiar misas ni dar los sacramentos?

–Exactamente, ya no se le consideraría un sacerdote. Aquí la dimisión consiste en quitarle oficialmente su condición de clérigo. Y ese pronunciamiento explícito le corresponde hacerlo a su superior jerárquico, el obispo de Tehuantepec, por ser la diócesis a la que pertenece Solalinde.

Por su lado, el vicario general de esa diócesis, Lucio Santiago Santiago, indica que, debido al fuerte apoyo de Solalinde a López Obrador, desde que éste era candidato a la Presidencia en 2018, el obispo Ojeda Márquez ya le venía advirtiendo al sacerdote que no debía incursionar en política. Pero lejos de acatar la recomendación de su superior, hoy Solalinde llegó al extremo de aceptar ese cargo en el gobierno federal.

Comenta al respecto el vicario de la diócesis: “Por esos antecedentes, a nosotros no nos resulta tan novedoso el paso que hoy está dando el padre Solalinde. Él sabe muy bien lo que implica esa decisión suya. Monseñor Ojeda se lo ha venido advirtiendo”.

–¿Y ahora la diócesis le aplicará la sanción que corresponde?

–Sí, nos ajustaremos a la parte legal. Pero primero necesitamos comprobar si al padre Solalinde ya se le puede considerar formalmente funcionario de gobierno, pues todo lo que sabemos hasta el momento es por declaraciones en los medios.

Alude Santiago a las declaraciones de López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 31 de marzo, cuando reveló que él y Solalinde ya llevan tiempo planeando la creación de la CNAME, al frente de la cual estará el religioso, pero de “manera honoraria” para evitarle problemas legales, apuntó el mandatario.

Y Solalinde recalca que, por el solo hecho de ser un cargo honorario y sin goce de sueldo, no se convertirá en funcionario gubernamental y, por tanto, no violará la legislación canónica ni la civil. Aunque detalló a este semanario que, desde ese puesto, desempeñará funciones importantes, como dialogar con el gobierno estadunidense para que éste deje de imponerle a México medidas represivas contra los migrantes, lo mismo hará desaparecer los centros de detención para migrantes tan “generalizados en todo el país”, entre otras funciones (Proceso 2423).

Pero Mario Ángel Flores argumenta que el hecho de no cobrar salario –según la versión de Solalinde– no le quitaría su condición de funcionario gubernamental, pues lo importante sería la “función” que desempeñara en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Recalca: “Al margen de si recibe un sueldo o no, Solalinde estará encabezando un organismo gubernamental, será el coordinador de esa dependencia y, por lo tanto, el orquestador de un proyecto de gobierno. Eso va mucho más allá de lo que corresponde a un ministro de culto”.