La insurgencia indígena y la 4T, por dos caminos distintos
Isaín Mandujano
El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “sigue siendo un conflicto armado no resuelto” y hoy, más que nunca, la lucha de los pueblos originarios y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador caminan por rumbos diferentes.
La 4T está lejos de reivindicar las verdaderas demandas indígenas, comenzando por el reconocimiento pleno de sus derechos. Por el contrario, en el actual gobierno morenista “la militarización se convierte en la norma política de gobierno y la violencia que eso genera la paga nuestro pueblo de forma aberrante, brutal y sangrienta. La persecución, muerte y desaparición de mujeres y hombres es un crimen de Estado, como lo fue la Guerra Sucia”.
Ese es el diagnóstico que hace Fernando Yáñez, nombrado comandante insurgente Germán, fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) del EZLN, quien respondió por escrito a preguntas hechas por Proceso, con motivo de los 30 años de levantamiento armado, y lo que éste representa frente al actual gobierno de la Cuarta Transformación.
El también secretario general del Partido Fuerzas de Liberación Nacional expresa: “Hoy día nos encontramos en una etapa donde las razones que dieron origen a nuestro nacer y existir prevalecen: la pobreza de la gran mayoría de los mexicanos continúa incrementando y profundizándose, mientras unas cuantas familias y corporaciones siguen saqueando y exprimiendo los recursos naturales y la riqueza de nuestro país”.
Esto ocurre, agrega, porque las dinámicas imperiales del capital nacional y extranjero son las que determinan el destino económico, político y social del país.
Yáñez asumió el nombre clandestino de guerra de Germán para hacerle honor a su hermano, líder fundador de las FLN, desaparecido en 1974 por el Estado Mexicano. Pudo construir en la clandestinidad y desde el corazón de la Selva Lacandona, junto con otros cinco combatientes, toda una estructura a lo largo de 10 años que México y el mundo conocerían públicamente 1 de enero de 1994: el EZLN.
“Hoy las Fuerzas de Liberación son una organización viva, que sigue su caminar revolucionario”, asegura Germán.
“La misión de las FLN, de sus militantes, colaboradores y bases de apoyo sigue viva e inconclusa, y no pararemos nuestros trabajos revolucionarios hasta que México sea un país libre, verdaderamente independiente y digno, donde el bien común de la mayoría de los mexicanos sea la medida real del desarrollo”, sentencia.
El líder guerrillero que fue sacado de la clandestinidad y detenido en 1996 por el gobierno de Ernesto Zedillo, también se dice convencido de una cosa:
“De lo hecho hasta el día de hoy y en el futuro próximo, es decir, a las FLN, al EZLN a Marcos, a Pedro, a Frank, a mí inclusive, y a cualquier otro militante o mandos de ambas estructuras, sólo la historia y el pueblo de México podrán juzgar y valorar lo realizado”.
Cerrazón oficial
Para Proceso también hablaron sobre el zapatismo ante la izquierda y la 4T tres actores que estuvieron muy cerca del obispo emérito Samuel Ruiz García en la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) creada en 1994 y disuelta tres años después: Jorge Santiago Santiago, quien llegó a Chiapas en 1969 y estuvo cerca de Samuel Ruiz trabajando en los pueblos y comunidades indígenas de las 48 parroquias que comprenden la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; el fraile dominico Gonzalo Ituarte Verduzco, quien llegó en la segunda mitad de los setenta y fue la mano derecha del obispo hasta su muerte en enero de 2011, y Miguel Álvarez Gándara, quien se sumó a la labor de mediación del obispo en la CONAI tras el alzamiento zapatista.
Desde la asociación civil coadyuvante, que creó el propio obispo en 1996, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) –que dirige Álvarez Gándara–, los tres han dado seguimiento minucioso a lo que pasa en Chiapas después de la aparición del zapatismo.
Ellos consideran que, a menos de un año de que termine el sexenio lopezobradorista, no se ve en el horizonte intención alguna de que pretenda reivindicarse con los pueblos originarios de México, más allá de la derrama económica a la que hasta ahora se ha limitado.
Santiago Santiago, quien fue perseguido y encarcelado en el penal de Cerro Hueco tras la embestida del gobierno federal contra el EZLN, en febrero de 1995, coincide en que la insurgencia zapatista “sigue siendo un conflicto no resuelto”, y que, si bien hubo un cese al fuego y una tregua, así como una ley para el diálogo y la negociación, la declaración de guerra del EZLN sigue vigente.
Menciona que el EZLN siempre encontró cerrazón en el diálogo con los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, posición que mantiene con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues su administración hace como si en Chiapas no existiera el grupo armado que se alzó en armas hace tres décadas.
Críticas al asistencialismo de la 4T
Con una larga experiencia de trabajo social y organizativo en el organismo Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Santiago es miembro también del consejo directivo del Museo jTatik Samuel, ubicado en el norte de San Cristóbal de Las Casas.
