Rubén Rocha calla a la prensa con dinero
Álvaro Aragón Ayala
En la línea de un gobierno que raya en el autoritarismo, Rubén Rocha Moya compró, por medio de contratos de publicidad y de “chayotes”, la aprobación hacia su persona de la casi totalidad de los medios de comunicación y de columnistas y analistas y para que no aborden ningún tema sobre la corrupción gubernamental y protejan al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, a quien impuso como candidato de Morena al Senado de la República.
El gobernador prostituye a la prensa y atenta contra el derecho de la sociedad a ser informada veraz, oportuna e imparcialmente, destinado millones de pesos en pagos para qué por ningún motivo, so pena de cancelar los convenios de publicidad, traten los temas de corrupción de sus hijos de apellido Rocha Ruiz difundidos en plataformas digitales no controladas por Rocha Moya y en el espacio electrónico cartelrocharuiz.com.
El mandatario estatal ordenó que nadie reviva ni realice preguntas “molestas” sobre el caso de la denuncia de acoso sexual y amenazas de muerte que interpuso la Jueza Ana Karina Aragón Cutiño contra Enrique Inzunza Cázarez en funciones éste de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y giró indicaciones para que nadie difunda el video en el que se observa masturbándose al candidato de Morena al Senado “o que se atenga a las consecuencias”.
El gobernador acaricia la idea de mandar “silenciar” a los periodistas que se han convertido en su dolor de cabeza y busca como exterminarlos, desterrarlos o enjuiciarlos. La amenaza de muerte pende sobre la cabeza de cuando menos 14 comunicadores, unos por calificarlo de narco-gobernador, otros por vincularlo al narco, y otros más porque han difundido el video erótico de Enrique Inzunza y han exhibido la escandalosa corrupción que se anida en su gobierno.
Incómodo, enojado, porque un segmento de periodistas no se ajusta a la línea editorial gubernamental, Rocha Moya pidió a los medios de comunicación y a sus “amigos” columnistas y analistas en los que ha invertido millones de pesos, que validen su administración, que respalden su narrativa y que mantengan sus ataques contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Demandó que no se ofrezca “demasiada” cobertura informativa a los reclamos de la sociedad, a los asesinatos, a los desaparecidos, a los robos, secuestros y extorsiones, y que de manera especial reduzcan el flujo de la información que genera las autoridades de la UAS y actores sociales y políticos contra su gobierno y en particular ordenó cerrar los espacios informativos, hasta donde sea posible, a los candidatos y dirigentes del PRI, PAN, PRD y PAS.
También solicitó que se proteja a la Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñónez, brazo judicial que usado por Rocha Moya para intimidar, acosar y perseguir a los directivos de la UAS. La dependencia, en días recientes, ha secuestrado empleados de la institución para obligarlos a que declaren en contra de las autoridades de la Casa Rosalina. Igualmente demandó que no se critique el virtual nombramiento del juez espurio Adán Alberto Salazar Gastélum como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
Bajo amenaza de que si no cumplen les retirará el apoyo económico, Rubén Rocha exigió que se cuide a su candidato al Senado, Enrique Inzunza Cázarez, y reclamó que se le dibuje en notas “informativas”, en columnas políticas y en “análisis” como un santo, como el mejor preparado, el que tiene mejor trayectoria y perfil para ocupar una posición en la Cámara Alta.
También ordenó “no escuchar”, “no hacerle caso” a lo difundido en el programa Punto Universitario, en el que un grupo de comentaristas, periodistas y analistas, hacen revelaciones en torno a la corrupción del gobierno rochista, el maridaje que mantiene con los medios de comunicación y desnuda la conspiración que armó el mandatario estatal, con el apoyo de Enrique Inzunza y un grupo de diputados, para intentar tomar por asalto la UAS y encarcelar a sus directivos.
