“Sí me obedecen”
Rubén Martín
De un modo que no deja de sorprender, dado su postura durante la campaña electoral en 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con su defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas mexicanas y se ha convertido en el mandatario que más ha protegido al poder militar en la historia reciente del país. Apenas hace una semana levantó polémica al hablar del rol que jugó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en torno a la matanza del 2 de octubre de 1968.
Ahora nuevamente esta semana defiende a las Fuerzas Armadas, ahora por las críticas lanzadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), quienes el miércoles pasado denunciaron que la Sedena no está cumpliendo el mandato presidencial de abrir sus archivos para indagar la presunta responsabilidad de los militares en hechos represivos graves ocurridos entre 1965 y 1990.
Como se recordará, López Obrador emitió un decreto el 6 de octubre de 2021 mediante el cual se creó la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. El MEH forma parte de dicha comisión y tiene un equipo de investigadores con la encomienda de solicitar, revisar y analizar documentos de los archivos de la Sedena que puedan aportar información y datos para esclarecer las responsabilidades de los principales hechos represivos cometidos por el Estado mexicano en el periodo referido.
Después de meses de entorpecimiento y obstrucción de la información, el MEH emitió un pronunciamiento el pasado 11 de octubre en el que denuncian “públicamente la obstaculización de Sedena en las tareas de consulta de la documentación histórica vinculada a violaciones a los derechos humanos que es resguardada en archivos militares”. En el comunicado añaden: “La Sedena desobedece la instrucción presidencial y trastoca el marco normativo al sólo permitir el ingreso al archivo mientras se obstaculizan la consulta y la reproducción digital”.
Al día siguiente, en su conferencia mañanera, López Obrador estalló y afirmó que los mandos militares sí lo obedecen. Así lo dijo: “Hoy leo en el Reforma, ‘a pesar de que el Presidente les ha pedido a los mandos de la Defensa que entreguen toda la información sobre la Guerra Sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen’. No es cierto”. El reportero que intervenía le hizo ver que el reclamo no es del diario sino del MEH, por lo que respondió: “Sí, pero están mal informados, o están desinformando (…) no están hablando con la verdad, porque, primero, a mí me obedecen; segundo, hay, por convicción, la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada (…) Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Sedena”.
Pero el MEH se anticipó a la descalificación presidencial y junto con el pronunciamiento emitieron el documento “Las formas del silencio: reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso de obstrucción a la verdad”, acompañado del anexo “La obstrucción a la verdad: Reporte de incidencias en la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional”, documentos en los que detallan puntualmente las obstrucciones, censuras y negativas de la Sedena para colaborar con la investigación de los hechos represivos del pasado.
Por ejemplo, en febrero de este año el MEH solicitó a la Sedena varios archivos de planos a la Dirección General de Ingenieros de la Sedena que corresponden a “sitios clandestinos de detención y tortura, así como de fosas comunes para víctimas de ejecución extrajudicial”. Es obvia la importancia de estos planos para determinar cómo operaban y en dónde las prácticas represivas del pasado como las detenciones ilegales, la tortura, desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Sedena se negó alegando que los planos solicitados “contienen información de instalaciones estratégicas” por lo que entregarlos a los miembros de la Comisión de la Verdad (recordar que se creó por decreto presidencial), sería vulnerar “la seguridad nacional del Estado mexicano”.
Otro ejemplo claro de la obstrucción de la investigación del MEH es que se solicitaron los testimonios y hojas de servicio de 368 militares que de acuerdo a las investigaciones del mecanismo pueden “contar con información relevante relacionada con los hechos que investiga la Comisión”. Pero la Sedena se negó
argumentando que no está facultada para convocar a los militares referidos y rechazó la entrega de sus hojas de servicio porque sería violar la Ley General de
Protección de Datos Personales. El MEH se dijo sorprendido por esta respuesta dado que en el Plan de Trabajo que establecieron con la Defensa desde el 22 de junio de 2022, se aceptó realizar entrevistas y recepción de testimonios de personal de la Sedena.
Los ejemplos de la obstrucción, censura e incluso alteración de archivos militares sobran. Por ejemplo la negativa a entregar documentos posteriores a 1990, fecha límite del periodo de investigación de la comisión, pero que se refieren a hechos represivos del periodo comprendido entre 1965 y 1990.
En el documento “Las formas del silencio”, los integrantes de la Comisión de la Verdad documentan casos de información de interés que ha sido negada y
manipulada por la Sedena. Un caso emblemático es el expediente del profesor Víctor Pineda Henestrosa, conocido como Víctor Yodo, “quien fue desaparecido el 11 de julio de 1978 en Juchitán, Oaxaca por elementos de una patrulla militar perteneciente al 11 Batallón de Infantería, al mando del coronel Juan Poblano Silva, como atestiguaron varios vecinos que se encontraban en el lugar de la detención ilegal”. La Sedena alego que no puede entregar el documento porque se redactó en 1996, año posterior al periodo comprendido en el decreto presidencial. Hay otros documentos que se negaron por el ejército mexicano reiterando la misma justificación.
Un caso evidente, y grave, de alteración de documentos es el informe de seguimiento al Comité Nacional Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en 1979-1980. El MEH relata que cuando fue solicitado para su revisión en sala “se pudo constatar que de las 71 fojas iniciales, ya sólo tenía 13, lo cual se sabe por la foliación de estas. Además, el contenido había cambiado, pues la primera vez que se le vio contenía un informe detallado, probablemente elaborado por la Dirección Federal de Seguridad. Una vez traído a la sala de consulta, el material al interior ya no era el mismo y en su lugar estaban fotocopias de notas de prensa”.
Lo mismo ocurrió con otros expedientes, como el de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), una organización centrada en Juchitán, Oaxaca, que tuvo un papel importante en la política de ese estado en la década de 1980.
Las maniobras de obstrucción de la Sedena llegaron a lo ridículo y lo absurdo. En reiteradas ocasiones se les reducía el tiempo de consulta que era de 9:00 a 15:00 horas, en otras se les hacía esperar horas para la entrega de los archivos solicitados o se pretextaba que no se podía entregar porque la copiadora no funcionaba. Para los integrantes de la Comisión de la Verdad, como para cualquiera que lea estos ejemplos, es evidente que la Sedena no quiere cooperar y que por el contrario, obstruye la investigación.
Ante esto concluyen: “De acuerdo con las evidencias, sabemos que una vez que el MEH solicitaba los legajos identificados en la Sección de Concentración para la consulta, éstos eran trasladados a la oficina de una de las personas oficiales del archivo en donde la documentación era revisada por personal militar con el fin de censurar partes de la información, sustrayendo partes de los documentos que contuvieran documentos considerados por los militares como inadecuados para la consulta por contener evidencia de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990. El Ejército encubre así a posibles perpetradores”.
Como puede apreciarse, las evidencias del MEH sobre las obstrucciones de la Sedena son inobjetables, por lo que habría qué preguntarle otra vez a López Obrador si puede afirmar tajante, como lo hizo el jueves pasado, que los militares sí lo obedecen.
